Con la entrada en vigencia de la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial en la República Argentina se incorporan las primeras normas nacionales regulatorias del comercio electrónico en el marco de los contratos de consumo y especialmente dirigidas a los derechos de los consumidores, temporalmente a la par del proceso de actualización de las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, que se dirige hacia la incorporación de directivas sobre este tipo de contrataciones cibernéticas al texto base propuesto por el organismo internacional a fin de coadyuvar a la protección de los consumidores en las legislaciones internas de los Estados.

La relación de consumo es el objeto de estudio del derecho del consumidor. En el caso argentino, constituye una noción de origen constitucional que es punto de partida de la disciplina y que a la par del desarrollo legislativo de las normas sobre la materia, fue interpretada con un alcance significativo y amplio, comprensivo de todas las situaciones en que el consumidor se ve involucrado y de los riesgos que lo acechan. La verificación de su existencia en un caso provoca que tanto en la interpretación de las normas de fondo como en lo instrumental de las garantías se apliquen los principios protectorios del derecho del consumidor.

Con la entrada en vigencia de la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial en la República Argentina se incorpora a la legislación general y en especial a la relativa a contratos de consumo el criterio de interpretación de las normas conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, con basamento primario en la dignidad humana y el principio de no discriminación, reflejando un fenómeno que la doctrina ha denominado “constitucionalización del Derecho Privado”. Esta impregnación de principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos hace irreversibles los niveles de protección alcanzados para consumidores y usuarios por las legislaciones domésticas, dada la vigencia del principio de no regresividad propio de los derechos económicos, sociales y culturales.

El presente trabajo pretende ingresar en el estudio de la regulación del daño punitivo en la legislación de consumo de la República Argentina, con vigencia desde el año 2008. Contemplado en dos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor 24240, la existencia misma de la figura y su técnica legislativa han generado profundas discusiones en aspectos varios relativos a su naturaleza jurídica, su extensión, sus criterios de procedencia, el modo de cuantificar la multa y el destino de los fondos en caso de obtenerse la condena. El ensayo sintetiza el análisis de la literalidad de la normativa aplicable, y el planteo de los principales problemas antes reseñados, en relación a esta figura jurídica que en el campo del derecho de usuarios y consumidores es un importante elemento a tener en cuenta a la hora de medir con qué recursos jurídicos cuentan los consumidores para lograr q...

Ante la falta de previsión legislativa expresa, existen algunas actividades en las que aparecen dudas respecto a si están comprendidas dentro del concepto de relación de consumo, y por ende si se les aplica el derecho protectorio de consumo. El trabajo intenta dar una respuesta a algunas de ellas, las más generalizadas y habituales desde la práctica de la conflictividad.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha implementado desde el año 2021 la competencia judicial específica para juicios de consumidores y usuarios, y ha sancionado un código de procedimientos adecuado para la materia, incorporando a la actuación judicial las características propias de la tutela judicial efectiva y los procedimientos eficaces, junto con las particularidades protectorias de esta rama  del derecho, la aplicación de sus principios al litigio judicial, a más de las innovaciones en materia de expediente electrónico y digitalización de las actuaciones. Se trata de un diseño procesal moderno, novedoso y valiente, en tanto incorpora la regulación de procesos especiales, redefine el rol del juez en el proceso, y regula los factores que tienden a facilitar el acceso de los consumidores sa la justicia y, una vez dentro del litigio, las instituciones procesales están dirig...

En el litigio de usuarios y consumidores, la prueba tiene características particulares definidas por el carácter protectorio del derecho de fondo, y de acuerdo a los distintos fenómenos que lo componen, por lo que debe ser considerada de una forma especial que admite una particular implementación de los medios de prueba habituales en los juicios, como también la incorporación de medios probatorios atípicos y criterios propios para valoración de su eficacia por parte de los jueces, que se combinan con presunciones legales, inversiones de cargas probatorias, deberes de colaboración procesal y la consideración de la prueba de indicios.

En la Argentina, la defensa de la competencia es un valor constitucionalmente protegido y de directa relación con la protección de usuarios y consumidores, al estar directamente relacionada con el resguardo de la libre elección, el derecho a la información y a la protección de sus intereses económicos. El marco competitivo pertenece a las políticas públicas y protege fundamentalmente el acceso al mercado a la vez que la permanencia en el mismo de los proveedores de bienes y servicios. Para garantizar la vigencia de estos valores, el Estado regulador debe establecer una agencia independiente de las circunstancias políticas de turno, de forma de asegurar el debido control del desenvolvimiento del mercado, para lo que resulta necesario implementar mecanismos de garantías que permitan la participación de los consumidores y sus organizaciones.

El objetivo de este artículo es contribuir a confirmar que los derechos de los llamados usuarios y consumidores en la relación de consumo, así como el derecho de acceso al consumo mismo, forman parte de ese logro de la civilización que consiste en el amplio espectro que conforman los llamados “derechos humanos”, gracias a su desarrollo original en el derecho internacional público, su impregnación en las normas internas de los Estados y la progresividad del reconocimiento y protección de los mismos. Se describe y analiza el hecho de que la relación de consumo, entendida como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario, se encuentra transversalmente atravesada por bienes jurídicos o valores que su normativa tutela, y que contemplan el derecho a la vida y a la dignidad y el derecho a la salud y la seguridad, a la libertad de elección, a la protección de...

Existen en la República Argentina sistemas extrajudiciales de protección al consumidor dentro de la propia estructura del proveedor como posibilitados por el sector social o a través de organismos del estado, que es necesario poner en valor por su significado de funcionamiento y aplicación de la responsabilidad social empresaria, su impronta de propuesta de medios alternativos y sus posibilidades de arribo a conciliación o acuerdo ante las quejas planteadas. El ejercicio por parte de los consumidores de sus necesidades de reclamos por estos sistemas debe ser conocido y fomentado, ya que fortalece el concepto de ciudadanía y no impide el reclamo judicial.

Las acciones colectivas constituyen una garantía fundamental para la defensa de los derechos de usuarios y consumidores al permitir conforme su diseño constitucional, que amplios legitimados del sector social y del estado, y los propios sujetos involucrados, agrupen reclamos que individualmente sería dificultoso e impráctico llevar a decisión judicial. La discusión sobre su organización procesal en la Argentina lleva inconclusa treinta años y la Ciudad de Buenos Aires ha dado el primer paso en su formulación de la forma que describimos en este trabajo.

El presente trabajo reseña los principales fallos de los tribunales argentinos, dictados contempo-ráneamente con la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, y aun anteriores, donde se incorporan las primeras normas nacionales regulatorias del comercio electrónico en el marco de los contratos de consumo y especialmente dirigidas a los derechos de los consumidores en lo que respecta a la responsabilidad por daños de los llamados “portales de venta”, la jurisdicción aplicable, el ejercicio del derecho de arrepentimiento y las interpretaciones desde el derecho ad-ministrativo sancionatorio. En esos aspectos se aprecia una tendencia con algunos retrocesos al avance en la protección del consumidor, a la par que se aprecia con mayor claridad la necesidad de mayor precisión regulatoria y normativa específica, para continuar en el camino de regulación de esta manera cada...

Ante la frecuente utilización de títulos abstractos para documentar el crédito para consumidores, resulta necesaria una modificación legislativa que, sin perjudicar la circulación del crédito, permita que los consumidores puedan defenderse en juicio mediante el estudio judicial de la causa que origina la obligación, a fines de analizar si el proveedor otorgante del crédito ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, en especial desde la óptica del derecho a la información.Las decisiones judiciales avanzaron sobre el tema y existen proyectos legislativos al respecto.

La generalización y uso masivo del comercio web internacional realizado por consumidores encierra grandes ventajas y a la vez un gran peligro: el no poder defenderse en caso de tener que realizar reclamos. Es necesario que las normas nacionales protejan a los consumidores otorgándoles la posibilidad de demandar en su país, y que el derecho internacional privado proporcione las herramientas necesarias para que ante la expansión del fenómeno se clarifiquen los temas vinculados a ley aplicable y jurisdicción en caso de conflictos judiciales.

El propósito de este artículo es proponer y exponer aspectos provenientes de otras ciencias, distintas a la jurídica, para alcanzar una visión completa del derecho de usuarios y consumidores, a los efectos de una comprensión fundamental para los objetivos regulatorios, para los criterios de aplicación de sus normas a la hora de decidir los conflictos, y para contribuir a su estudio y profundización, en el complejo entramado de relaciones sociales comprendidas en el fenómeno inevitable que implica el consumo para los seres humanos en los tiempos que corren.

El principio de orden público es una máxima fundamental para la vigencia del derecho de usuarios y consumidores, concebido como derecho protectorio o tuitivo del más débil en la llamada relación de consumo. Implica regulación estatal en las relaciones individuales estableciendo estándares inderogables e irrenunciables con base en el principio protectorio y con un propósito equilibrador. Este principio es el eje de la Ley 24240 o Estatuto Especial del Consumidor en la República Argentina, que ha sido reforzado con la sanción del Código Civil y Comercial vigente desde agosto del 2015, conviviendo bajo el régimen de la norma más favorable.

Las llamadas “prácticas abusivas” en el derecho del consumo son las conductas de los proveedores que menoscaban el deber de trato equitativo y digno que deben al consumidor. Su presencia es cotidiana, su efecto es lesivo. En este trabajo nos referiremos a las prácticas más habituales, cau-sadas por la concepción empresaria de maximización de beneficios en demérito del débil en la relación jurídica. Algunas de ellas impiden el acceso al consumo, como la imposición forzosa de la tecnología. Otras, están presentes desde el mismo origen del proceso productivo, como la ob-solescencia programada. Derivadas del marketing analizaremos la inducción cultural al consumo y la publicidad no deseada. Relacionadas en forma directa con el trato equitativo y digno contem-plaremos atención personalizada y las esperas en el establecimiento del proveedor. Finalmente nos referiremos a la ab...

La relación de consumo no se limita a la contratación de bienes y servicios. Comprende también el estudio de los procesos productivos, los insumos utilizados, la producción ambientalmente adecuada y el tratamiento de los desechos. De esa manera, los conceptos de consumo y desarrollo sustentable como valores componentes de derechos humanos fundamentales se complementan mutuamente, como principios que jurídicamente postulan las condiciones para una mejor calidad de vida en el marco de un compromiso respecto de las generaciones futuras relacionado con la conservación del ambiente. Las normas penales respecto a los residuos peligrosos resguardan el ambiente, la salud y la seguridad de los consumidores, contemplando sanciones para determinadas conductas de los proveedores. Un estudio de su contenido, alcance, interpretación y definición de los bienes jurídicos protegidos en el c...

La consagración constitucional y legislativa de los derechos de usuarios y consumidoresmotivó que los Estados crearan las agencias con competencia en la materia a los fines de fiscalizarel cumplimiento de las normas. En los países federales, surgió el tema de las competenciasde los organismos nacionales en relación con las atribuciones de los estados integrantes de lafederación. A este aspecto se ha dado una respuesta legislativa que en la práctica no resulta deltodo clara. El propósito de este trabajo es el de reflexionar sobre la jerarquía administrativa de lasautoridades de consumo, a la par que indagar sobre las llamadas “facultades concurrentes” entrelas esferas federal y local, y la necesidad que el precepto legal se conjuge, en la práctica, con elprincipio de coordinación administrativa, a los fines de un actuar eficaz de los poderes públicos.

Reseñamos en este trabajo las distintas acciones que posee el consumidor perjudicado por el incumplimiento del proveedor en diversos supuestos, por las cuales, y cumplidos sus presupuestos legales, el consumidor puede obtener la reparación o la sustitución del bien defectuoso o del servicio que haya sido prestado deficientemente y, por otro lado, la acción estimatoria o reducción delprecio, y en última instancia, la resolución del contrato, conforme al régimen tuitivo consumidor en el derecho argentino. El primer supuesto nace del carácter vinculante de la oferta hecha por el proveedor, y tiene su base en la satisfacción de las expectativas puestas por el consumidor al contratar. El segundo versa sobre la garantía legal y la imposición normativa de la garantía de servicio técnico adecuado y provisión de partes y repuestos. Por último, nos referiremos a la especial�...