Sistema de Supervisión Constitucional y Control Constitucional de políticas públicas: Análisis al voto singular del magistrado Monteagudo en la Sentencia N.º 322/2023

Descripción del Articulo

El presente trabajo se enfoca en los fundamentos del voto singular del magistrado Monteagudo Valdez con el objetivo de analizar en qué medida la competencia del Tribunal (en adelante, el Tribunal) y de la Defensoría (en adelante, la Defensoría) ejerce el poder coercitivo en la supervisión que realiz...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Oyague Matos, Denilson Alexander, Villena Obando, Maria Alejandra
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/686500
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/10757/686500
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Estado de Cosas Inconstitucional
Supervisión Judicial
Control Constitucional de Políticas Públicas
Unconstitutional State of Affairs
Deferential Test
Constitutional Oversight
Public Policy
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El presente trabajo se enfoca en los fundamentos del voto singular del magistrado Monteagudo Valdez con el objetivo de analizar en qué medida la competencia del Tribunal (en adelante, el Tribunal) y de la Defensoría (en adelante, la Defensoría) ejerce el poder coercitivo en la supervisión que realiza frente al cumplimiento efectivo de las políticas públicas; así también, se plantea la importancia de aplicar criterios de control preexistentes y la participación de los actores según sus competencias en el Estado de Cosas Inconstitucional (en adelante, ECI). Se aborda el contexto normativo, institucional y operativo de la supervisión de sentencias estructurales en el Perú, y se contrastan experiencias regionales en el ámbito latinoamericano. Así también, bajo un análisis comparado entre el voto en mayoría del Tribunal, que opta por la técnica del ECI, y el voto singular del magistrado Monteagudo, que propone aplicar el test deferente como criterio de control de políticas públicas, se determina la eficacia de ambos mecanismos frente a situaciones estructurales de vulneración de derechos.
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