Análisis constitucional de la atención de la salud mental en el Perú: STC Exp. 00009-2020-PI/TC

• Autores: Gálvez Olivares, Melanie Naomi, Luis Romero, Beatriz Haydee
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/683506
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/683506
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Inconstitucionalidad; Ley de Salud Mental; derechos fundamentales; Derechos Humanos; Tribunal Constitucional; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la Sentencia correspondiente al Expediente N° 00009-2020-PI/TC, que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Psicólogos del Perú contra el Congreso de la República del Perú, en relación con la Ley N° 30947, Ley de Salud Mental, por la presunta vulneración del derecho a la salud mental, respecto a la protección de personas con afecciones y trastornos de salud mental, y el derecho al trabajo de los profesionales de la psicología. Del análisis desarrollado, se revisará tanto la decisión mayoritaria como el voto singular de la sentencia, junto con los fundamentos que sustentaron la resolución. Se han consultado artículos, fuentes bibliográficas, instrumentos de organismos internacionales de Derechos Humanos para ampliar la comprensión sobre el tratamiento de la salud mental en el marco de los derechos humanos. Asimismo, destacaremos la necesidad de proteger los derechos fundamentales en el ámbito de la salud mental, considerando crucial la aplicación de las recomendaciones de los organismos internacionales, dado que la salud mental es un elemento primordial para el bienestar humano y su protección está en el núcleo de los derechos humanos. En ese sentido, es fundamental que el Estado se alinee con los compromisos internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales para la elaboración de políticas públicas. Por ello, planteamos la modificación de la Ley N° 30947, con el fin de garantizar el derecho a la salud mental.