whernan@ulima.edu.pe

Los hallazgos de esta investigación tienen cuatro implicancias de política. En primer lugar, releva la necesidad de abordar la percepción de inseguridad como un problema distinto del de la victimización. En segundo lugar, es necesario formular políticas dirigidas exclusivamente a controlar la percepción de riesgo al crimen. La evidencia demuestra que es favorable tomar medidas como controlar las incivilidades, aumentar el número de policías, mejorar las estrategias de patrullaje, así como hacer mejor uso de tecnologías de la información, fomentar la participación conjunta entre la policía y la comunidad, así como diseñar ciudades más seguras. En tercer lugar, incorporar la noción de grupos vulnerables (mujeres, jóvenes y grupos de menor calificación profesional, a la luz de los resultados, pero también a los grupos mayores) a las políticas de control de la percepció...

whernan@ulima.edu.pe; emonard@ulima.edu.pe; heima019@umn.edu

whernan@ulima.edu.pe;hmorales@pucp.edu.pe

El estudio busca estimar los determinantes individuales y contextuales del feminicidio y de las tentativas de feminicidio en el Perú, así como calcular los costos económicos y sociales del feminicidio mediante dos metodologías: costo medido como años de vida potencialmente perdidos por feminicidio y cálculo de la pérdida de años de vida por haber vivido bajo violencia familiar.

El objetivo de esta propuesta es estudiar la distribución y la dinámica geoespacial de la victimización y la percepción de inseguridad y su relación con factores socioeconómicos y las principales teorías criminológicas, en barrios de alta victimización delictiva en los que trabaja el Programa Barrio Seguro. El enfoque de género es transversal a cada objetivo específico. Barrio Seguro es una intervención multisectorial liderada por el Ministerio del Interior. Tiene por objetivo disminuir los índices de criminalidad e inseguridad mediante acciones de prevención social. Durante sus tres primeras fases, intervendrá en 42 barrios de alta victimización a nivel nacional. Su diseño contempló además la selección de 17 distritos de control (con posibilidad que sean 42, uno para cada barrio intervenido). La intervención en cada distrito dura 12 meses. Barrio Seguro ha levantado...

El estudio busca estimar los determinantes individuales y contextuales del feminicidio y de las tentativas de feminicidio en el Perú, así como calcular los costos económicos y sociales del feminicidio mediante dos metodologías: costo medido como años de vida potencialmente perdidos por feminicidio y cálculo de la pérdida de años de vida por haber vivido con una discapacidad.

La investigación busca estudiar la extensión (enfoque experimental) y naturaleza (enfoque cualitativo) de la discriminación hacia hombres homosexuales en la búsqueda de trabajo. La finalidad es proponer alternativas de política de corto, mediano y largo plazo para ser discutidas con actores públicos y privados, y cubrir el vacío actual; asimismo, sensibilizar a una sociedad como la peruana con alto rechazo a la población LGTBI.

La violencia y el crimen tienen efectos múltiples en lo económico y social. En América Latina, afectan el crecimiento, el desarrollo, la inversión, la productividad, etc.), pero también inciden en los aspectos sociales. Esto adquiere especial relevancia dado que se trata de la región más perjudicada por la delincuencia en el mundo. Sin embargo, se sabe poco acerca de los costos que este fenómeno genera, menos aún sobre los costos sociales. Aprovechando seis rondas del Barómetro de las Américas (2004-2014), se construyó un pool de datos de 149 817 observaciones. La información cubre 16 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). En cada país se aplicaron aproximadamente 1500 encuestas, por cada ronda, a personas en edad de votación. El ...

whernan@ulima.edu.pe

Peru has not only one of the highest victimization rates in Latin America (24%), but also the lowest rate of reported crimes (15%) (Latinobarómetro, 2016) The purpose of this study was to identify the characteristics of the crimes and the characteristics of the individuals that predict the decision of reporting four different property crimes (burglary, auto theft, auto parts theft, and motorcycle theft). To this end, a seven-year survey of households at the national level in Peru was used (2010-2016). The estimations were made using multilevel mixed effects logistics regression, in order to control for characteristics of the environment that also influence the decision to report. Use of a weapon by the criminal is the factor that most increases the probability of reporting any of the four assessed crimes. Repeated victimization is also an important predictor, although for a lower number...

En el Perú, la corporativización llegó en el 2011a las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (en adelante, FC Corporativas Corporativas), luego de un supuesto éxito en la jurisdicción civil. Priorizando la eficiencia por encima de la calidad, esta medida gerencialista planteó compartir tareas administrativas y jurídicas entre los distintos fiscales, bajo el liderazgo de un fiscal coordinador. En los hechos, la corporativización estuvo lejos de alcanzar la eficiencia. En este artículo, analizamos cómo la generalidad de las reglas establecidas para el funcionamiento de las FC Corporativas y los rasgos de una cultura fiscal que desvaloriza lo corporativo en forma insidiosa, crearon incentivos que generaron la aparición de cuatro estilos de gestión directamente influenciados por dos características delos fiscales coordinadores (comunicación y proac...

Latin America is a violent region where fear of crime is well spread but still not fully understood. Using multilevel methods for a large and subnational representative household survey (N = 271,022), we assess the determinants of fear of crime in Peru, the country with the highest fear of crime and crime victimization in the region. Our results show that body-aimed victimization (physical or sexual abuse from a member of their household, and sexual offenses) is the strongest driver of fear of crime, even higher than armed victimization. Moreover, safety measures based on social capital are negatively related to fear of crime, suggesting that they are palliatives rather than real protections. Finally, our study shows that people in a higher socioeconomic status are more likely to fear more because they have more (resources) to lose. Policy implications address Latin America as a whole an...

América Latina es la región más afectada por la delincuencia en el mundo. Poco, sin embargo, se sabe sobre los costos sociales que esta genera. En este estudio, se emplearon seis rondas del Barómetro de las Américas (2004–2014) y el método de emparejamiento estadístico con el objetivo de estimar el costo de la victimización sobre la percepción de inseguridad, capital social y percepción de la democracia para 16 países de la región. Los resultados muestran que el costo de la victimización se expande a diversos aspectos sociales, afectando en mayor proporción a las mujeres. Además de incrementar la percepción de inseguridad y reducir la legitimidad y confianza en las instituciones encargadas de luchar contra la delincuencia, la desconfianza se desplaza a instituciones sin este rol, a terceros y afecta la propia percepción del barrio. En lo positivo, la victimización inc...

Siete de cada diez mujeres en el Perú han sido víctimas de violencia por parte de su pareja o compañero, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI.

"Cinco feminicidios en los primeros nueve días del año aturden y son un llamado urgente a reenfocar el problema".

El machismo es un monstruo sin cabeza. Está por todos lados y tiene múltiples representantes. De ahí que sea tan difícil evadirlo y combatirlo.

En invierno hay que abrigarse. Cuando uno se enferma, debe cuidarse para no empeorar. Cuando uno desaprueba algún examen en el colegio o en la universidad, debe estudiar más para la siguiente ocasión. La lógica es clara: problema, medidas y cambio. Por más que esta secuencia sea evidente, algunos conocidos inconvenientes en materia de seguridad ciudadana siguen sin recibir soluciones efectivas. Uno de los más resaltantes es la corrupción de policías de tránsito, cuyas características son particulares: es pequeña, frecuente y altamente nociva para la imagen de la policía.

En los procesos judiciales de pensión de alimentos, la discrecionalidad de los jueces deriva en arbitrariedad cuando la aplicación del Derecho entra en conflicto con el orden social de sistemas de dominación asociados al género y la clase social. Para probarlo confrontamos cómo son procesadas las demandas de mujeres de clase alta y de clase baja en Lima, a través de entrevistas y revisión de expedientes judiciales. Reducidos a su lado económico y con un desarrollo básico del derecho alimentario, estos procesos son resueltos por el sentido común de los jueces y con éste son transmitidos estereotipos de género y clase que definen dos aspectos clave: (i) la noción de pensión de alimentos que atribuyen a mujeres de clase baja (subsistencia) y de clase alta (calidad de vida bajo sospecha) y (ii) el cálculo de la pensión (límites no explícitos, baremos invisibles, topes, etc....

Mientras que para los ciudadanos la justicia es percibida como algo lejano y la injusticia como lo próximo que genera incomodidades y molesta, la visión de la justicia de los técnicos realza el sentido de ésta como organización. Estas dos visiones nos remiten a articulaciones diferenciadas de la justicia: la visión de justicia de los ciudadanos apunta a limar las desigualdades percibidas en tanto que la justicia de técnicos, en tanto ideología cercana al concepto tecnocrático de gobernabilidad (eficiencia y eficacia), traza un nexo más exclusivo que se puede llevar hasta la relación entre justicia y crecimiento económico. El problema es que ambas visiones no han convergido en lo esencial. El sistema judicial es aún percibido como injusto y desigual, a la vez que los estándares de eficiencia y eficacia aún no han sido debidamente extendidos.