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La persecución de los cárteles se basa en las premisas de la Economía neoclásica sobre el comportamiento humano. Esto puede verse no sólo en la definición común de racionalidad (la cual asume que las empresas son maximizadoras de beneficios, capaces de realizar un análisis de costo-beneficio para calcular la utilidad esperada de la conducta dada la probabilidad de detección y sanción), sino también en las estrategias desarrolladas por las autoridades para luchar contra los cárteles. Las autoridades buscan a menudo el nivel óptimo de sanciones considerando que la violación daña a terceros. También buscan una disuasión general de cárteles en lugar de una disuasión específica.Estableciendo una multa "óptima", la teoría neoclásica predice que también habrá un nivel óptimo de cartelización en el mercado. Sin embargo, vemos que cada año las multas y las sentencias s...

El presente artículo, el autor realiza un análisis sobre la pertinencia de una Ley de Control de Fusiones en nuestro país, señalando las críticas, el impacto que tendría, los problemas de aplicación y la experiencia internacional sore el tema.

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El presente artículo, el autor realiza un análisis sobre la pertinencia de una Ley de Control de Fusiones en nuestro país, señalando las críticas, el impacto que tendría, los problemas de aplicación y la experiencia internacional sore el tema.

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La persecución de los cárteles se basa en las premisas de la Economía neoclásica sobre el comportamiento humano. Esto puede verse no sólo en la definición común de racionalidad (la cual asume que las empresas son maximizadoras de beneficios, capaces de realizar un análisis de costo-beneficio para calcular la utilidad esperada de la conducta dada la probabilidad de detección y sanción), sino también en las estrategias desarrolladas por las autoridades para luchar contra los cárteles. Las autoridades buscan a menudo el nivel óptimo de sanciones considerando que la violación daña a terceros. También buscan una disuasión general de cárteles en lugar de una disuasión específica.Estableciendo una multa "óptima", la teoría neoclásica predice que también habrá un nivel óptimo de cartelización en el mercado. Sin embargo, vemos que cada año las multas y las sentencias s...

En el presente artículo los autores describen el modelo peruano de eliminación de barreras burocráticas y consideran que este se ha convertido en un ejercicio positivo de control interno desde y hacia la propia Administración frente a trabas burocráticas que afectan el crecimiento de un país. Entienden que este modelo puede servir de impulso a otros países en vías de desarrollo para plantear la discusión acerca de la necesidad de buscar mecanismos que incentiven la inversión y la estabilidad económica y legal.

El presente artículo, el autor realiza un análisis sobre la pertinencia de una Ley de Control de Fusiones en nuestro país, señalando las críticas, el impacto que tendría, los problemas de aplicación y la experiencia internacional sore el tema.

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La persecución de los cárteles se basa en las premisas de la Economía neoclásica sobre el comportamiento humano. Esto puede verse no sólo en la definición común de racionalidad (la cual asume que las empresas son maximizadoras de beneficios, capaces de realizar un análisis de costo-beneficio para calcular la utilidad esperada de la conducta dada la probabilidad de detección y sanción), sino también en las estrategias desarrolladas por las autoridades para luchar contra los cárteles. Las autoridades buscan a menudo el nivel óptimo de sanciones considerando que la violación daña a terceros. También buscan una disuasión general de cárteles en lugar de una disuasión específica.Estableciendo una multa "óptima", la teoría neoclásica predice que también habrá un nivel óptimo de cartelización en el mercado. Sin embargo, vemos que cada año las multas y las sentencias s...

On December 21st 2016 the Legislative Decree No. 1272, a regulation that modified various provisions of the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444 (LPAG), was published. One of them consisted in the modification of subsection 2 of Article II of the Preliminary Title, which had as a consequence that the conditions established in the LPAG were no longer supplementary, but mandatory. In particular, when a special rule establishes less favorable conditions for the administered. The purpose of this article is to determine the effects of the aforementioned modification to the statute of limitations applicable to sanctioning administrative procedures. Specifically, if the statute of limitations applicable to antitrust procedures has been modified.

On December 21st 2016 the Legislative Decree No. 1272, a regulation that modified various provisions of the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444 (LPAG), was published. One of them consisted in the modification of subsection 2 of Article II of the Preliminary Title, which had as a consequence that the conditions established in the LPAG were no longer supplementary, but mandatory. In particular, when a special rule establishes less favorable conditions for the administered. The purpose of this article is to determine the effects of the aforementioned modification to the statute of limitations applicable to sanctioning administrative procedures. Specifically, if the statute of limitations applicable to antitrust procedures has been modified.

On December 21st 2016 the Legislative Decree No. 1272, a regulation that modified various provisions of the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444 (LPAG), was published. One of them consisted in the modification of subsection 2 of Article II of the Preliminary Title, which had as a consequence that the conditions established in the LPAG were no longer supplementary, but mandatory. In particular, when a special rule establishes less favorable conditions for the administered. The purpose of this article is to determine the effects of the aforementioned modification to the statute of limitations applicable to sanctioning administrative procedures. Specifically, if the statute of limitations applicable to antitrust procedures has been modified.

In the last couple of years, the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property has focused its efforts on the persecution and sanction of horizontal practices, initiating a substantial step in favor of improving free market competition.This paper analyses the reasons why public bid riggings are considered per se illegal conducts by our national legislation, as well as how the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property has prosecuted and sanctioned these practices. The authors consider that classifying bid riggings as per se illegal is a consequence of their social impact, since there aren’t any economic reasonsthat differentiate them from other per se illegal conducts.