Criterios jurídicos para la imposición de una pena inferior a la prevista en la ley penal, cuando no concurran circunstancias atenuantes privilegiadas

• Autor: Terán Becerra, Melissa Lizeth
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Nacional de Cajamarca
• Repositorio: UNC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unc.edu.pe:20.500.14074/5828
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14074/5828
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: circunstancias atenuantes privilegiadas; marco penal abstracto; necesidad de pena; dignidad humana; debido proceso material; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El principio de legalidad penal, que sustenta el Derecho Penal, ha impedido que la pena sea determinada judicialmente fuera de la pena abstracta prevista para cada tipo penal, concretamente, con base en dicho principio, la pena impuesta no puede ser por debajo de dicho margen punitivo, cuando no se presentan circunstancias atenuantes privilegiadas; sin embargo, se han evidenciado casos en los cuales, flexibilizando el principio antes citado, se impuso una pena inferior a la legal . Por ello, el objetivo planteado en la presente investigación fue el de determinar los principales criterios jurídicos que sustentan la imposición de una pena por debajo del marco penal abstracto previsto en la ley penal, cuando no concurran circunstancias atenuantes privilegiadas. Para arribar a ello, ha sido necesario orientar la visión del Derecho Penal, hacia un paradigma que tenga como continente la Constitución, a cuyos parámetros debe ceñirse, también, la ley; específicamente, enmarcar el Derecho Penal en el constitucionalismo positivista de Ferrajoli, denominado garantismo, entendido éste como un modelo de Derecho que se basa en garantizar los derechos fundamentales recogidos por la Constitución. En ese contexto, la investigación propuesta ha dado cuenta de aquellos criterios, que deben influir en la determinación judicial de la pena, además de los legales, siendo estos, el principio de dignidad humana, el principio de debido proceso material y el de necesidad de pena; argumentos que permitirán que las decisiones jurisdiccionales, no solo se sustente en la ley, sino también en los principios constitucionales