Análisis de contraposiciones normativas y políticas en sectores seguridad y migración 2023 - 2024

Descripción del Articulo

La investigación analiza las contradicciones normativas entre la Ley de Migraciones (D.L. N.º 1350) y las políticas de seguridad en Perú, evidenciando su impacto en la capacidad estatal para gestionar la migración y garantizar el orden interno. Los hallazgos confirman que la desarticulación instituc...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Salazar Sosa, Rosa Cruz
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/15728
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/15728
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Contradicciones normativas
Gestión migratoria
Seguridad jurídica
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:La investigación analiza las contradicciones normativas entre la Ley de Migraciones (D.L. N.º 1350) y las políticas de seguridad en Perú, evidenciando su impacto en la capacidad estatal para gestionar la migración y garantizar el orden interno. Los hallazgos confirman que la desarticulación institucional entre la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con vacíos legales en retenciones administrativas, procedimientos sancionadores y expulsiones, debilita la eficacia del control migratorio. Ejemplo de ello es el operativo en Piura, donde se aplicaron sanciones sin base legal, violando derechos fundamentales. Además, la anulación de los arts. 200.4 y 212.2 del Reglamento migratorio generó impunidad al eliminar mecanismos ágiles para expulsiones, reduciendo la ejecución de órdenes a solo un 32%. La falta de protocolos unificados y normas contradictorias (como la facultad de la PNP para detenciones sin órdenes judiciales, frente a requisitos de audiencia en Migraciones) facilitan rutas migratorias irregulares y aumentan la litigiosidad (80% de recursos legales se basan en incoherencias normativas). Estas fallas comprometen la seguridad jurídica, vulneran el debido proceso en casos de asilo o trata de personas, y afectan la percepción de seguridad ciudadana. Se concluye que urge una reforma integral que armonice marcos legales, fortalezca la coordinación interinstitucional y alinee las políticas con estándares internacionales de derechos humanos.
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