Delitos contra los recursos naturales extracción ilegal de especies acuáticas

• Autor: Chavez Borja, Karina Rebeca
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad San Pedro
• Repositorio: USANPEDRO-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usanpedro.edu.pe:USANPEDRO/9964
• Enlace del recurso: http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/9964
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delitos; Recursos naturales; Extracción ilegal; Especies acuáticas; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En Perú, como en la generalidad de países emergentes, la preocupación sobre temas ambientales es relativamente reciente y por tanto la creación de los delitos ambientales, también lo es. En el ordenamiento penal peruano se han introducido artículos que tipifican esos delitos que se encuentran contenidos en el Código Penal (Decreto Legislativo 635). Nuestra Constitución ha elevado al nivel de fundamental dicho derecho; siendo ello así, el Estado tiene el deber de efectivizar su plena vigencia, así como prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de transgresión. La impunidad para los que cometen delitos contra el ambiente y los recursos naturales llegó a su fin con la Ley 292633 que modifica el Título XIII del Código Penal peruano, que sanciona con penas mucho más duras los delitos ambientales. Un ejemplo de la aplicación de la modificatoria del Código Penal han sido las multas a Pluspetrol en torno a las declaratorias de emergencia ambiental en cuencas de Loreto, y la pena privativa de la libertad de 4 años sentenciada a tres pescadores que usaron dinamita para extraer 200 kilos de especies marinas en el ámbito de la Reserva Nacional Paracas, importante reserva marino costera del país. Precedentes como este dan cuenta de la efectividad de esta modificatoria, un logro del Ministerio del Ambiente, capacitado para ejercer adecuadamente las funciones de fiscalización y control del cumplimiento de esta norma, ya que cuenta con jueces ambientales y especialistas del Ministerio Público en todo el país. Esto puede imponer penas privativas de la libertad de tres años como mínimo y diez años como máximo, dependiendo de la gravedad del delito.