Responsabilidad penal de los manifestantes en los conflictos sociales: Caso Bagua 05 junio 2009

• Autor: Cueva Rivera, Miguel Angel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Peruana de Las Américas
• Repositorio: ULASAMERICAS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:192.168.10.17:upa/2144
• Enlace del recurso: http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/2144
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Responsabilidad penal; Conflictos sociales; Orden público; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar si el comportamiento antijurídico de los manifestantes en los actos de alteración del orden público, como son las marchas, manifestaciones paros, huelgas, y demás disturbios civiles en el Perú, donde se cometen actos ilícitos como son los de vandalismo, agresiones a personas civiles, atentado contra la propiedad pública y privada, miembros de la Policía Nacional del Perú, atentados contra la vida, el cuerpo y la salud con elementos contundentes como son piedras, palos, botellas, fierros, armas blancas como son cuchillos hachas, machetes, verduguillos, armas de fuego como son revólveres, pistolas, fusiles, escopetas y demás armas de fabricación casera, artefactos explosivos como son dinamita bomba morotot, fuegos pirotécnicos, etc., que en muchas ocasiones dejan mal heridos a los miembros de la PNP y en varias ocasiones pierden la vida por las heridas de gravedad que son producidos por estos artefactos, en algunos casos los miembros de la PNP ha sufrido torturas por parte de los manifestantes produciéndoles la muerte como consecuencia de estos actos, y no son sancionados debidamente por nuestro sistema penal. Un claro ejemplo es lo ocurrido con los efectivos policiales que participaron en el llamado “BAGUAZO” en las cercanías de la localidad del REPOSO muy próxima a las ciudades de BAGUA Y BAGUA GRANDE, en el departamento de AMAZONAS, en dicho conflicto social murieron 33 personas (23 policías y 10 nativos), por estos resultados fueron dados de baja y enjuiciados el comando policial que estuvo a cargo del operativo, mientras que los cabecillas participantes de este conflicto social para cometer este ilícito penal, han sido absueltos en una sentencia por demás cuestionable y que no ha cumplido con lo que establece el Código Penal Peruano.