La asignación económica de emergencia en el proceso de violencia familiar

• Autores: Arnao Abramonte, Monica, Carlin Chiroque, Melissa Stefany
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad de Piura
• Repositorio: UDEP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/5574
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11042/5574
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Mujeres maltratadas -- Legislación; Derechos de la mujer -- Legislación; Violencia familiar -- Legislación; D346.2; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La tesis tiene como objetivo analizar la Ley N.°30364 cuya finalidad es tratar de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, por lo que, se ha regulado un proceso especial con dos etapas bien marcadas y con características peculiares. De manera que, la ley en referencia será el pilar desde el cual inicia esta investigación, centrándose en la etapa de prevención o tutela para trabajar específicamente las medidas de protección y cautelares planteadas por el legislador como mecanismos efectivos e idóneos para asegurar la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas de violencia. Las medidas de asignación económica de emergencia y asignación anticipada de alimentos, son viables para ser otorgadas dentro del proceso especial, atendiendo al caso en concreto y con el material probatorio con el que se cuente, además de los antecedentes de violencia familiar, el riesgo de la víctima, siendo que por razones de eficiencia y celeridad que exige la Ley N°30364, la medida de asignación económica de emergencia por requerir de un análisis más sencillo resulta idónea para la mayoría de casos. Al momento de fijar la medida de asignación económica de emergencia se debe tener en cuenta las circunstancias personales de la víctima, es decir su edad, capacidad económica, condición de vulnerabilidad, etc., también si fuese el caso los antecedentes familiares de violencia, los medios probatorios que obren en los actuados que le permita determinar al juez los indicios de violencia. Por otro lado, la capacidad económica del agresor, quien será el obligado a pagar la cantidad de dinero fijada por el juez. El estudio concluye que las medidas de protección tienen naturaleza distinta a las cautelares, porque su finalidad no se agota en asegurar el fallo definitivo en un proceso; sino que, lo que buscan es asegurar la integridad de la víctima, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, pero, sobre todo, el derecho a una vida libre de violencia.