El problema de la apropiación de los viáticos y su posible responsabilidad penal: Análisis del Recurso de Casación N°952-2019/Moquegua

• Autor: Castillo Zapata, Marcela Belen
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad de Piura
• Repositorio: UDEP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/7270
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11042/7270
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delitos de los funcionarios -- Jurisprudencia -- Análisis; Peculado -- Análisis; Recurso de casación -- Análisis; Delitos contra la administración pública; D343.5; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El Acuerdo Plenario N°07-2019/CIJ-116, establece que si un funcionario público no cumple con la misión para la cual recibió viáticos, no necesariamente comete el delito de peculado, sin embargo, se presenta en la Corte Suprema, el caso de un funcionario quien fue acusado por el delito de peculado al apropiarse de viáticos sin realizar las gestiones oficiales prometidas. Esta decisión se opondría a lo que establece el acuerdo, que sugiere que la falta de cumplimiento podría constituir un delito de falsedad en lugar de peculado. La definición de peculado no se ajusta a la naturaleza de los viáticos, ya que estos no son administrados o custodios en el sentido del delito. El análisis se enfoca en el Recurso de Casación N°952-2019/Moquegua y compara la interpretación del acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, para determinar si esta última es correcta. La tesis revisa el principio de mínima intervención en el Derecho penal, que busca evitar el uso opresivo de la justicia y promover una política criminal adaptada a las realidades actuales. Se enfoca también en los delitos contra la administración pública, donde la responsabilidad penal se basa en el incumplimiento de obligaciones específicas de los funcionarios. El delito de peculado, que se refiere a la apropiación indebida de bienes públicos, se analiza en detalle en el presente trabajo. A su vez señala la falta de claridad en el Acuerdo Plenario 7-2019 sobre cómo determinar cuándo se comete este delito. Finalmente, se menciona un caso específico (Casación N°952-2019/Moquegua) donde se confirma que un funcionario actuó con intención de robar, lo que justifica la sanción penal para proteger los bienes del estado y la integridad de la administración pública.