Falsa declaración del último domicilio conyugal en los divorcios municipales por mutuo acuerdo, Santa Anita, 2024

Descripción del Articulo

El presente estudio se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el principio de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, contemplado en la meta 16.6, que promueve instituciones eficaces, responsables y transparentes. El objetivo fue analizar las implicancias legales y soc...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Zelada Silva, Henry Percy
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/181036
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/181036
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Desintegración de la familia
Norma
Vivienda
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El presente estudio se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el principio de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, contemplado en la meta 16.6, que promueve instituciones eficaces, responsables y transparentes. El objetivo fue analizar las implicancias legales y sociales de la falsa declaración del último domicilio conyugal en los divorcios municipales por mutuo acuerdo en Santa Anita, 2024. Para ello, se desarrolló una investigación de tipo básica, con enfoque cualitativo y diseño de investigación-acción de corte transversal. La población estuvo compuesta por 20 abogados civiles con experiencia mínima de tres años, y se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia, conformada por 10 de ellos. Los resultados evidenciaron que la mayoría considera que dicha falsedad puede conllevar a la nulidad del proceso y sanciones legales de carácter civil, penal y administrativo. Además, se identificó una falta de control y supervisión, lo que facilita conductas fraudulentas y afecta la legitimidad del procedimiento. Por ende, se concluyó que es indispensable fortalecer los mecanismos de verificación documental y promover una reforma normativa que sancione estas prácticas. En suma, garantizar la veracidad en estos procedimientos no solo preserva la legalidad, sino que también refuerza la confianza en las instituciones públicas.
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