La revocación de actos administrativos y la seguridad jurídica en el derecho administrativo peruano. Lima 2024

Descripción del Articulo

La revocación, es una potestad que ostenta la administración pública para dejar sin efectos jurídicos a futuro, un acto administrativo expedido bajo un marco legal, a fin de proteger el interés general; no obstante, dichos pronunciamientos tienen repercusión en la seguridad jurídica. Investigación a...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Ruiz Villavicencio, Roxana Miriam
Formato: tesis doctoral
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/164788
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/164788
Nivel de acceso:acceso embargado
Materia:Revocación
Acto administrativo
Seguridad jurídica
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La revocación, es una potestad que ostenta la administración pública para dejar sin efectos jurídicos a futuro, un acto administrativo expedido bajo un marco legal, a fin de proteger el interés general; no obstante, dichos pronunciamientos tienen repercusión en la seguridad jurídica. Investigación alineada al ODS 16. El objetivo consiste en analizar la afectación de la revocación de los actos administrativos en la seguridad jurídica en el derecho administrativo peruano. Investigación tipo básica, fenomenológica, con entrevistas a 10 profesionales con experiencia en la materia. Respecto al resultado codificado propugna jurídicamente acorde a la triangulación la modificación del artículo 214 del TUO de la Ley 27444, planteando la derogación del numeral 214.1.1 y la modificatoria del numeral 214.1.4. Las conclusiones arriban a considerar que la revocación tiene que regirse por parámetros establecidos en la ley, su inobservancia afecta la seguridad jurídica; por lo que, la revocación es un mecanismo de revisión excepcional, emitida por la máxima autoridad de la entidad ante las consecuencias jurídica que acarrea, afectando la seguridad jurídica sino se reviste de legalidad. La facultad discrecional atribuida a la administración para revocar sus propios actos no es ilimitada, su incumplimiento perjudica el interés común y el Estado de derecho.
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