La criminalización de la protesta en América Latina y el Perú

• Autor: Macedo Zevallos, Washington
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
• Repositorio: UNSAAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsaac.edu.pe:20.500.12918/12150
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12918/12150
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Protesta; Criminalización; Disenso; Disruptivo; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

La presente investigación analiza la criminalización de la protesta social en América Latina y el Perú, identificándola como una estrategia sistemática de los Estados para gestionar conflictos sociales que cuestionan intereses económicos y políticos. El objetivo general fue examinar de qué manera la criminalización de la protesta sobrepasa los límites del ordenamiento jurídico para convertirse en un instrumento de control político, en tensión con los principios del derecho penal garantista y los estándares internacionales de derechos humanos. Metodológicamente, se desarrolló un estudio cualitativo, de nivel descriptivo y explicativo, basado en el análisis documental y de casos emblemáticos, utilizando fichas como instrumentos de recolección de información. Los hallazgos evidencian que la criminalización de la protesta social en el Perú y en América Latina responde a prácticas estatales que habilitan la discrecionalidad en la aplicación del derecho penal, favoreciendo la persecución de expresiones legítimas de disenso. Asimismo, se constató la contradicción entre el reconocimiento normativo de la protesta como derecho fundamental y las prácticas judiciales. Se concluye que la criminalización de la protesta erosiona la legitimidad del orden jurídico y desplaza al Estado de derecho hacia una lógica autoritaria. En contraste, evitar esta práctica fortalece la democracia, protege los derechos fundamentales y permite la gestión institucional del conflicto social. Entre las recomendaciones destacan la necesidad de reformas legislativas y constitucionales, la adopción de protocolos de actuación con enfoque garantista, y la creación de mecanismos de diálogo social como alternativa a la represión penal.