La importancia del reconocimiento del derecho a la búsqueda como un derecho autónomo en casos de desapariciones

• Autor: Arcila Carpio, Fiorella Steffany
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/195976
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/26244
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Desapariciones forzadas (Derecho internacional); Personas (Derecho)--Legislación; Derechos humanos--Legislación; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Las desapariciones forzadas de personas trascienden desde hace décadas atrás, pasando por diversos cambios a nivel histórico y con ello, también normativo y jurisprudencial, tanto a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos como a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, se han ido incorporando e identificando nuevos elementos, siendo uno de estos el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas. Gracias a un desarrollo evolutivo en materia jurisprudencial, el derecho a la búsqueda de las personas ha sido incorporado como parte de los elementos intrínsecos del fenómeno de desaparición forzada. No obstante, dada su reciente incorporación, este no ha sido desarrollado a nivel internacional como un derecho autónomo. En efecto, recién con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la familia Julien Grisonas vs. Argentina, se reconoció en setiembre de 2021 al derecho a la búsqueda de las víctimas desaparecidas como un derecho autónomo. Ello, dada la importancia de ofrecer una mayor protección tanto a los desaparecidos como a sus familiares. En ese sentido, resulta crucial que a fin de garantizar el pleno goce de este derecho, se desarrolle previamente los sujetos protegidos, ámbito de aplicación y el tiempo de búsqueda de las víctimas. Asimismo, incorporamos los retos que el derecho autónomo a la búsqueda presenta como la presencia de un órgano estatal encargado de la obligatoriedad de cumplimiento de este derecho.