Regulación económica de industrias de redes: ¿contractual o administrativa?

• Autor: Ruiz Mayo, Gonzalo
• Formato: documento de trabajo
• Fecha de Publicación: 2015
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/52506
• Enlace del recurso: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52506
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Asociación Público-Privada; Contratos de Concesión; Regulación administrativa; Regulación contractual; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00

Los contratos de concesión o de asociación público-privada han sido ampliamente utilizados como mecanismo para atraer la inversión privada para la provisión de infraestructura o de servicios públicos. La literatura reciente (Stern (2003), Spiller (2008)) ha enfatizado que el uso de estos contratos ha permitido, además, mitigar los riesgos asociados a la intervención administrativa de los gobiernos sobre la inversión privada en esas actividades. Si bien la figura del contrato de concesión ha estado asociada con la delegación por parte del Estado de la prestación de servicios públicos a empresas privadas, obligaciones regulatorias tales como la fijación de tarifas, de acceso e interconexión o de niveles de servicio pueden estar expresamente incorporadas en los contratos de concesión o alternativamente ser aprobadas mediante normas administrativas. El presente artículo muestra evidencia empírica correspondiente a Perú, que identifica los factores que influyen en la decisión de incorporar regulación económica a nivel contractual, a partir de una muestra de 65 contratos de concesión de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. Los resultados ilustran que los riesgos de demanda, la escala de los proyectos, la fuente de financiamiento y la tecnología han influido de manera significativa en dicha decisión por parte del gobierno. Finalmente, a partir de los criterios definidos por Stern y Holder (1999) se analizan las fortalezas y debilidades de la regulación contractual y administrativa en el caso del Perú, estableciendo recomendaciones para una necesaria revisión de la agenda regulatoria durante los próximos años.