Los contratos de concesión o de asociación público-privada han sido ampliamente utilizados como mecanismo para atraer la inversión privada para la provisión de infraestructura o de servicios públicos. La literatura reciente (Stern (2003), Spiller (2008)) ha enfatizado que el uso de estos contratos ha permitido, además, mitigar los riesgos asociados a la intervención administrativa de los gobiernos sobre la inversión privada en esas actividades. Si bien la figura del contrato de concesión ha estado asociada con la delegación por parte del Estado de la prestación de servicios públicos a empresas privadas, obligaciones regulatorias tales como la fijación de tarifas, de acceso e interconexión o de niveles de servicio pueden estar expresamente incorporadas en los contratos de concesión o alternativamente ser aprobadas mediante normas administrativas. El presente artículo mues...