El derecho sucesorio de patrimonio en tierras comunales de Santo Domingo de Olmos

• Autor: Monja Renteria, Rosa Amelia
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/15526
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/15526
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Comunidad campesina; Estatutos; Derecho sucesorio; Herederos; Conflictos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Actualmente coexisten dos tesis sobre el origen de las comunidades campesinas del Perú: la indigenista (ayllus incaicos) y la hispánica (reducciones coloniales). En Lambayeque, la comunidad de Santo Domingo de Olmos enfrenta conflictos por derechos sucesorios ante la negativa de reconocer herencias. Aunque gozan de autonomía según el artículo 89 de la Constitución, carecen de preparación legal para resolver disputas. Esta investigación busca interpretar adecuadamente la normativa sucesoria y contribuir a una mejor gestión comunal y comprensión legal. El objetivo general es Identificar las condiciones que obstaculizan la sucesión de derechos posesorios a herederos forzosos de comuneros fallecidos, en el marco de la Ley General de Comunidades Campesinas y el estatuto comunal pertinente. En la Discusión de los resultados se analizó la Ley General de Comunidades Campesinas y el estatuto comunal de Olmos, concluyendo que los derechos posesorios no se heredan automáticamente bajo el Código Civil, sino según normas internas. Estas normas priorizan la continuidad productiva y la condición de comunero activo, excluyendo a herederos que no cumplan dichos requisitos. Se identificaron obstáculos en la sucesión de derechos posesorios a herederos forzosos de comuneros fallecidos, debido a que la propiedad comunal no se rige por normas de sucesión civil. La Comunidad Campesina de Olmos, al ser la titular de los terrenos, niega derechos hereditarios, desconociendo el Código Civil. Esta situación se agrava por la deficiente interpretación de sus estatutos y la ausencia de regulación específica