Necesidad de regular la prerrogativa de la inmunidad al cargo de gobernador regional en el marco constitucional peruano

• Autor: Valdivia Matos, Renzo Gabriel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Privada del Norte
• Repositorio: UPN-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/29598
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11537/29598
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Regionalización; Gobiernos regionales; Privilegios; Funcionarios públicos; Regionalization; Immunity from prosecution; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Los Gobernadores Regionales, autoridades elegidas mediante elección democrática, no son beneficiados con la inmunidad y en tal sentido ante una acusación con contenido penal pueden ser objeto de detenciones policiales o prisiones preventivas dictadas por el Poder Judicial y en esas situaciones por un lado las direcciones de los Gobiernos Regionales se ven afectados y por otro, de haberse tratado de denuncias infundadas se causan perjuicio familiar, social y político a la autoridad regional. Es por este motivo que se ha elegido este tema de investigación porque se considera importante para la democracia que se garantice que están autoridades no sean víctimas de excesos, sea porque no sean de la misma línea política del gobierno central y esta protección sería factible a través de otorgarles inmunidad respecto de hechos delictivos que sean cometidos en el ejercicio de su función, debiendo indicarse que si bien a la fecha no existe dicha prerrogativa para estas autoridades, si existe para otras (existe inmunidad de proceso e inmunidad de juicio) que establece la Constitución Política del Estado vigente (1993). Así pues, el objeto de la presente investigación es determinar si resulta factible otorgar inmunidad a los Gobernadores Regionales, tal como a la fecha la tienen los señores congresistas de la República, quienes al igual que los gobernadores son elegidos por mandato popular. Las fuentes de información son la Constitución Política del Estado de 1993, los informes especializados del Congreso de la República, artículos de opinión en revistas especializadas por autores reconocidos y demás tratados de derecho constitucional, siendo el periodo de la evolución del estudio desde el año 1993 a la fecha.