Consecuencias de un despido inexistente a un empleado de confianza del sector público sujeto al régimen de la actividad privada

• Autor: Díaz Castañeda, Luis Alejandro
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2016
• Institución: Universidad Privada del Norte
• Repositorio: UPN-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/9785
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11537/9785
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho del trabajo; Despido de trabajadores; Mercado de trabajo; Estabilidad laboral; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

RESUMEN En la última década, el derecho laboral peruano ha sufrido una importante transformación como consecuencia de la labor del Tribunal Constitucional . Se ha dado una reforma o reestructuración respecto a la eficacia de los efectos del despido, la constitucionalidad de determinados regímenes especiales, entre otros asuntos de relevancia. Tanto el Supremo Intérprete de la Constitución como la Corte Suprema de Justicia del Perú han emitido jurisprudencia vinculante referida a la estabilidad laboral de los empleados de confianza, señalando de forma genérica que les alcanza la estabilidad laboral relativa, más no la absoluta, representada por la reposición en el cargo. Así pues, en el desarrollo de la presente investigación se tratará de explicar cómo estos pronunciamientos jurisprudenciales y sus efectos, son aprovechados por servidores y funcionarios públicos a fin de obtener un beneficio económico proveniente de un fraude a la ley. Esta investigación se desarrolló metodológicamente en tres partes: i) El desarrollo de la problemática y planteamiento de los objetivos que ayudaron a arribar a conclusiones precisas; ii) El análisis de la información obtenida luego de la aplicación de instrumentos y; iii) Finalmente, la obtención de resultados que permitieron ser materia de discusión, para así reforzar nuestra hipótesis planteada en la investigación. Este estudio es innovador, ya que no solamente se pretendió analizar criterios teóricos, sino que se buscó, mediante casos y entrevistas a distinguidos laboralistas del medio nacional, demostrar que los órganos de la administración pública son operadores ajenos al respeto y aplicación del principio de buena fe laboral y el respeto hacia un código deontológico profesional.