Imposición Indebida de Sanciones Administrativas durante la vigencia de un Arbitraje: Análisis del Expediente 02832-2023-PA/TC

• Autores: Villaverde Yanapa, Laura Angelica, Flores Chavez, Ana Belen
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/688075
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/688075
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Contrataciones públicas; Avocamiento indebido; Procedimiento administrativo sancionador; Garantías del administrado; Límites del PAS; Public procurement; Undue assumption of jurisdiction; Administrative sanctioning procedure; Guarantees of the administered party; Limits of the PAS; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo de suficiencia profesional analiza la Sentencia del TC recaída en el Exp. N° 02832-2023-PA/TC, que resolvió la demanda de amparo interpuesta por Multiservice Ingeniería, Construcción SAC y Corporación Peruana de Ingeniería contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, donde se determinando que el Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante TCE) vulneró el principio de prohibición de avocamiento indebido y la no interferencia arbitral al no suspender el PAS pese a la existencia de un arbitraje en curso, lo cual afectó derechos fundamentales; consecuentemente, el TC declaró FUNDADA la demanda y NULAS las resoluciones sancionadoras, ordenando un nuevo pronunciamiento, fallo que contó con el voto singular del magistrado Morales Saravia que sostuvo su improcedencia. Este trabajo se centra en el análisis de la prohibición de avocamiento indebido por parte del TCE, contrastándola con el mandato imperativo de suspensión del PAS; esta situación es examinada en el contexto de las garantías del administrado en materia de contrataciones públicas y los límites del Ius Puniendi estatal frente a los derechos fundamentales, concluyendo con el impacto en la grave afectación de la Tutela Procesal Efectiva del administrado y la consecuente vulneración del Principio de Legalidad.