Prescripción Adquisitiva y Principio de Legalidad: Límites a la Aplicación Analógica de los Plazos Prescriptorios

• Autores: Aviles Mendoza, Nicole Farah, Moscol More, Jennifer Maryori
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/686410
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/686410
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Ineficacia de acto jurídico; Prescripción extintiva; Vacío legislativo; Analogía restrictiva; Principio de legalidad; Ineffectiveness of a legal act; Extinctive prescription; Legislative void; Restrictive analogy; Principle of legality; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la Casación N.° 2339-2018-Cusco, con la finalidad de determinar si es jurídicamente válido aplicar por analogía el plazo de prescripción de dos años a la acción de ineficacia de acto jurídico, en ausencia de norma expresa en el ordenamiento civil peruano. En el primer capítulo se desarrolló los aspectos procesales y fundamentos relevantes de las instancias judiciales, así como el análisis del voto singular emitido por la Corte Suprema, a fin de identificar el conflicto interpretativo en torno a la prescripción y el uso de la analogía restrictiva. En el segundo capítulo se abordaron los conceptos jurídicos esenciales para el desarrollo del análisis y crítica al caso de estudio, tales como la naturaleza de la acción de ineficacia, la prescripción extintiva, el principio de legalidad y la prohibición de analogía restrictiva de derechos. Asimismo, se precisaron los supuestos de aplicación válida de la analogía. En el tercer capítulo se analizó si es jurídicamente válido aplicar por analogía un plazo prescriptorio en perjuicio del justiciable. Se concluyó que esta práctica vulnera los derechos fundamentales y contradice el principio de legalidad. Por ello, corresponde aplicar el plazo general de diez años previsto en el artículo 2001, inciso 1, del Código Civil.