Aplicación del artículo 831, apartado 2 del Código Procesal Civil, como requisito de admisibilidad en la Sucesión Intestada, Perú, 2018

• Autores: Heredia Puma, Mirelia Lucero, Portillo Malaga, Johanna Zoraida
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/1919
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/1919
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Dolo; Acusación fiscal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En el presente trabajo de investigación se analiza la “Calificación del dolo en el requerimiento de acusación fiscal en el delito de homicidio calificado, Arequipa 2018” El dolo es un concepto que se utiliza específicamente en la rama del Derecho Penal. Este elemento subjetivo es difícil poder demostrarlo en el proceso penal ya que al ser un hecho psíquico y siguiendo a uno de los enfoques psicológicos, se refiere a esa representación que el sujeto se hace en la mente sobre la realización de los elementos del tipo penal. A tal representación, continúa un segundo momento, considerado como el juicio de aceptación de lo que el sujeto representa en su mente, de modo que ello se asume o se rechaza, por tanto es complicado poder saber qué es lo que el agente tenía en mente al momento de perpetrar la conducta ilícita. Es por tal motivo que se ha podido observar que en los requerimientos de acusación emitidos por el Ministerio Público, no se precisa de manera motivada y adecuada el elemento subjetivo del dolo no existiendo una subsunción del tipo penal. Por ésta razón, se estructura la tesis, desarrollándose la misma en cuatro capítulos: En el Capítulo I, se desarrolla el marco teórico, fundamentándose éste en el principio acusatorio en relación al proceso penal en donde toda responsabilidad recae en el Ministerio Público respecto a la formulación de una correcta acusación fiscal en donde el elemento subjetivo del dolo esté debidamente motivado, desde el enfoque normativo, en base a un estado social y democrático de derecho, abordando la evolución de la calificación del dolo a través de la historia. En el segundo capítulo, se desarrolla el estado de la cuestión y se realiza un tratamiento específico de los dos enfoques del dolo: Enfoque psicológico, el cual nos indica que para alegar el dolo, se requiere la experimentación real y segura que existe el conocimiento y la voluntad en el pensamiento del sujeto, y el enfoque normativo cuyo objetivo no es lograr demostrar la presencia de los elementos del dolo en la mente del autor, sino que tan solo se establece juicios para atribuir el conocimiento y la voluntad de la realización del tipo. En el tercer capítulo, se aborda el enfoque normativo que es nuestra posición a defender, basándonos en los autores de Ragués i Vallès, Hruschka, Feijóo Sánchez, quienes en conjunto infieren que el causante de un delito doloso va a lesionar no sólo el bien jurídico protegido sino también la ley que impone a obedecer y cumplir el mismo, siendo éste el fundamento principal del enfoque normativo en un Estado social y democrático de Derecho. En el cuarto capítulo, se ha realizado los argumentos que han criticado nuestra postura normativista del dolo, tales como las posturas de Roxin y de Puppe quienes afirman que el aspecto psíquico tiene relevancia en el enfoque normativo, respetando las exigencias de orden político criminal en un Estado de Derecho. Por todo lo anterior, nuestra investigación se enfoca en analizar la calificación del dolo en el enfoque normativo, siendo ésta nuestra posición a defender, ya que en el delito de homicidio calificado, es la vida el principal derecho fundamental a proteger, y considerando que éste enfoque es el que más se ajusta al respeto de los principios generales del Derecho y a la defensa de los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en el ordenamiento penal peruano vigente. Por todo ello es necesario que al momento de calificar el dolo en los requerimientos emitidos por parte del Ministerio Público, éstos den claridad, certeza y convicción en el proceso penal a fin de que se pueda administrar justicia y no se genere impunidad en los procesados.