Problemática existente en el derecho penal y la consolidación del derecho penal del enemigo

Descripción del Articulo

El objetivo de la investigación fue proponer la implementación del derecho penal del enemigo como mecanismo de control y/o prevención frente a la inadecuada política criminal peruana Sobre la metodología se sustentó en el tipo básica, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel descripti...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Alcantara Paredes, Adela Juanita
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/16846
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/16846
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Derecho penal
Derecho penal del enemigo
Políticas sociales
Sociedad
Mínima intervención
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El objetivo de la investigación fue proponer la implementación del derecho penal del enemigo como mecanismo de control y/o prevención frente a la inadecuada política criminal peruana Sobre la metodología se sustentó en el tipo básica, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo-propositivo, con la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario, la misma que fue validada por juicio de expertos en la materia. El resultado fue que el 75% de jueces y fiscales en materia penal tienen una comprensión clara de la problemática sobre la aplicación del derecho penal del enemigo dentro del sistema garantista del proceso penal y Estado constitucional de derecho, mientras que el 25% tiene posiciones dividas sobre la eficacia y el garantismo penal frente al delito. La conclusión fue que la propuesta de implementación del derecho penal del enemigo por la inadecuada política criminal como mecanismo de control y/o prevención de delitos mediante las estrategias de políticas sociales justas, tomando en consideración una reforma social y política y así lograr evitar desigualdades, permite contemplar un derecho penal utilitario, conservando los principios de la Constitución, teniendo finalidad contener la creciente delincuencia.
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