El ejercicio legítimo del cargo como causa de justificación en el delito de prevaricato, Chiclayo 2025

Descripción del Articulo

La investigación analizó el ejercicio legítimo del cargo como causa de justificación en el delito de prevaricato en el Perú, ante la ausencia de criterios normativos y jurisprudenciales uniformes que delimiten su aplicación. El estudio parte de la problemática generada por la criminalización de deci...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Cervera Renteria, Nathali Irina, Ronda Timana, Ruddy Jasmy
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2026
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/16692
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/16692
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Derecho penal
Función pública
Responsabilidad jurídica
Administración de justicia
Estado de derecho
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:La investigación analizó el ejercicio legítimo del cargo como causa de justificación en el delito de prevaricato en el Perú, ante la ausencia de criterios normativos y jurisprudenciales uniformes que delimiten su aplicación. El estudio parte de la problemática generada por la criminalización de decisiones funcionales adoptadas por jueces y fiscales dentro de márgenes razonables de interpretación jurídica, lo que afecta el principio de legalidad y la independencia judicial. Con un enfoque cualitativo, de tipo básico y diseño no experimental, se recurrió al análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, complementado con una encuesta aplicada a 33 abogados penalistas, jueces y fiscales del distrito judicial de Lambayeque. Los resultados evidencian un amplio consenso profesional respecto a que el ejercicio legítimo del cargo puede excluir la responsabilidad penal en casos de prevaricato, siempre que la actuación se realice dentro de la competencia funcional, sin dolo y sin manifiesta arbitrariedad. No obstante, se identifican contradicciones normativas y criterios dispares en la práctica judicial. Se concluye que resulta necesaria una delimitación normativa más precisa y la emisión de lineamientos jurisprudenciales que garanticen seguridad jurídica y eviten la criminalización indebida de decisiones jurisdiccionales.
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