Producción, temporalidad y eficacia en la resolución de conflictos respecto a los juzgados civiles pilotos a cargo de la implementación de la oralidad en la Corte Superior de Arequipa 2020-2021

• Autores: Ricalde de Villena, Giovanni Paolo, Bayton Gonzales, Mijail Ray
• Formato: documento de trabajo
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad de San Martín de Porres
• Repositorio: USMP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/9561
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12727/9561
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Producción; Temporalidad; Eficacia; Conflictos; Juzgados civiles; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el proceso judicial, concebido como el litigio entre dos partes, la aplicación de la oralidad conduciría a la celeridad de un pronunciamiento judicial para dar solución al conflicto; por ello, es importante determinar qué rol posee cada sujeto procesal dentro de esta estructura funcional del proceso civil. Con este modelo el juez puede valorar de manera directa la prueba, sin depender de los rituales de la escrituralidad. Lo más importante es la percepción directa de la prueba en base al principio de inmediación y eficacia procesal. El problema general radica en el vetusto modelo del proceso civil escrito, con una duración excesiva, que no permite la inmediatez y disipa el conocimiento directo de la prueba, vulnerando la concentración de los actos procesales. El objetivo general será entonces, determinar si la aplicación de la oralidad en el proceso civil logrará una mejor comprensión y resolución de las pretensiones de las partes. En otras palabras, determinar si el modelo oral es el idóneo para el desarrollo de los procesos civiles. Las conclusiones inciden en el carácter necesario de la oralidad y el beneficio que otorga para la celeridad de los procesos, la escritura se traduce en dilación, la oralidad como expresión oral es fundamental, y que el éxito del modelo oral radica en factores internos y externos como la idoneidad de los operadores jurídicos, así como la voluntad política de implementar y coberturar el presupuesto necesario, sin dejar de lado el esfuerzo de la comunidad académica, y la misma sociedad.