El servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad y la corrupción en la gestión pública en las entidades del departamento de Tacna, 2021 y 2022

• Autores: Medina Mamani, Jessica Verónica, Vasquez Arana, Wilson
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad de San Martín de Porres
• Repositorio: USMP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/19331
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12727/19331
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Informes de control específico; Presunta responsabilidad civil; Administrativa funcional; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad y la corrupción en la gestión pública en las entidades del departamento de Tacna durante los años 2021 y 2022. Este servicio, impulsado por la Contraloría General de la República, constituye una modalidad de control posterior, de tipo célere y focalizado, orientado a detectar irregularidades y establecer presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas funcionales, como parte de la lucha contra la corrupción en el Perú. La investigación adoptó un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental, de nivel exploratorio y tipo documental. Se analizaron 88 informes de control específico mediante la técnica del análisis documental y utilizando una guía de análisis como instrumento. Los resultados revelan que el Sistema Nacional de Control auditó un monto total de S/ 100 744 044,24, del cual se identificó un perjuicio económico de S/ 28 062 413,71 atribuible a actos de corrupción. Estas acciones involucraron a 591 funcionarios y servidores públicos, a quienes se les asignaron presuntas responsabilidades: penal (103 casos), civil (183 casos) y administrativa funcional (288 casos). En conclusión, se evidenció una fuerte vinculación entre el servicio de control específico y la detección de hechos de corrupción, lo que derivó en la activación de procedimientos judiciales y administrativos por parte del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estas acciones se encuentran en etapas como “indemnización”, “postulatoria”, “intermedia”, “investigación formalizada” e “investigación preliminar”.