La ineficacia en la aplicación de la prisión preventiva, y la vulneración de derechos fundamentales en los distritos judiciales de Lima Norte y Este, año 2019

Descripción del Articulo

Mediante el desarrollo de la presente investigación, se ha podido corroborar que el Nuevo Código Procesal Penal, promulgado por Decreto Legislativo Nº 957, el 29 de Julio del 2004 y puesto en vigencia progresiva desde el 2006; tiene como intención resolver el problema principal referido en cuanto a...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Su Herrera, Oscar Armando
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad San Ignacio de Loyola
Repositorio:USIL-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/12933
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14005/12933
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Administración de justicia
Derecho
Derechos de los prisioneros
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00
Descripción
Sumario:Mediante el desarrollo de la presente investigación, se ha podido corroborar que el Nuevo Código Procesal Penal, promulgado por Decreto Legislativo Nº 957, el 29 de Julio del 2004 y puesto en vigencia progresiva desde el 2006; tiene como intención resolver el problema principal referido en cuanto a la alta incidencia de situaciones de aplicación exacerbada y arbitraria de las medidas coercitivas personales y de los mandatos de detención bajo la ejecución de lo ordenado en el NCPP, a causa de decisiones arbitrarias adoptadas frecuentemente por las autoridades policiales y en torno a los casos de mandatos judiciales emitidos de manera cuestionable y sin los fundamentos de derecho y prueba que correspondan; teniéndose como implicancias negativas en cuanto a la afectación de la libertad personal de presuntos imputados por supuestos actos delictivos, constatándose situaciones críticas de excesos en las prórrogas de los plazos de detención, de arrestos domiciliarios extensibles, de medidas abusivas de prisión preventiva; y hasta de actos irregulares propiciados por Fiscales y Jueces, que tendiendo a desconsiderar las garantías procesales y judiciales de los imputados, incurren en la autorización de medidas de coerción personal y cautelar, que al ejecutarse exceden en la vulneración del derecho constitucional de debido proceso que asiste al presunto inculpado de un delito.
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