Proceso de formalización de la minería informal en el Perú durante el período 2012-2018

Descripción del Articulo

Hace varios años atrás, el sector minero no era tan dinámico y contaba solo con la presencia de ciertos grupos empresariales con capitales puramente nacionales como Buenaventura, Hochschild, Brescia, Marsano, Volcan y Milpo; no obstante, un grueso de la producción aurífera del Perú provenía de la mi...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Santa Maria Bravo, Ingrid Corina
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Repositorio:USAT-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/2333
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12423/2333
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Minería
Sector informal (Economía)
Legislación
PE
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:Hace varios años atrás, el sector minero no era tan dinámico y contaba solo con la presencia de ciertos grupos empresariales con capitales puramente nacionales como Buenaventura, Hochschild, Brescia, Marsano, Volcan y Milpo; no obstante, un grueso de la producción aurífera del Perú provenía de la minería informal, la misma que pese a la dinamización y el crecimiento del mercado, lejos de desaparecer, creció junto con ella. El Estado peruano, por su parte, se dedicó a implementar profundas reformas dirigidas a la gran minería y mediana minería, dejando de lado a la minería informal e ilegal. En consecuencia, años más tarde cuando el Estado decidió por fin combatir la informalidad de las actividades mineras de pequeña escala y minería artesanal; ya era demasiado tarde, por el hecho de que esta ya se había convertido en un fenómeno a gran escala en nuestro país, en especial en los territorios amazónicos. Por consiguiente, en la presente investigación se busca determinar la eficacia de los decretos legislativos 1105 y 1336, que han establecido disposiciones para el proceso de formalización de la minería informal en el Perú durante el período 2012 al 2018, con el fin de corroborar si dichas normas se encuentran en la capacidad de cumplir con los valores jurídicos, y de producir efectos importantes y duraderos en el ámbito socioambiental. Ya que, no basta con que la norma exista formalmente, sino que también se requiere de una correspondencia entre norma y realidad, con el objetivo de que se manifieste la funcionalidad y la legitimidad del Derecho.
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