El Procedimiento en la Prescripción Adquisitiva Administrativa de Predios Rústicos y el derecho de Defensa del Propietario en la Región Lambayeque

• Autor: Cabrera Montalvo, Hernán
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2017
• Institución: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
• Repositorio: UNPRG-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/7389
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12893/7389
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Propietarios de Tierras; tierras sin titular; Títulos de Propiedad; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente trabajo se propuso determinar, si el procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa sobre predios rústicos establecido en el Decreto Supremo 032-2008-VIVIENDA (Reglamento del Decreto Legislativo 1089), viola o no el derecho de defensa de los propietarios involucrados. Todo ello, ante la reforma introducida a la legislación de prescripción adquisitiva sobre predios rústicos regulado por el Decreto Legislativo 667. Planteó como hipótesis que el Decreto Supremo 032-2008-VIVIENDA, no ha subsanado de manera cabal las objeciones planteadas al Decreto Legislativo N° 667 respecto al procedimiento de prescripción adquisitiva sobre predios rústicos. Ha constatado mediante la aplicación de una metodología cualitativa y descriptiva, que el procedimiento regulado por el Decreto Supremo 032-2008-VIVIENDA, no permite la intervención de los propietarios afectados con la prescripción en todas las etapas del procedimiento, circunscribiendo su intervención hasta después de la inscripción en registros públicos de la anotación preventiva de la existencia de un procedimiento de prescripción adquisitiva. Que después de analizada la legislación y los datos recogidos de la encuesta realizada a los operadores del derecho en Lambayeque, se concluye que es necesaria una modificación legislativa del trámite de prescripción adquisitiva administrativa regulado por el Decreto Supremo 032-2008-VIVIENDA, que permita la intervención plena de los propietarios afectados en todo el procedimiento, de tal forma que tengan expedito el ejercicio del derecho de defensa.