La pena de vigilancia electrónica personal y la afectación de los principios de mínima culpabilidad del autor y humanidad de las penas, Trujillo - 2024

• Autor: Jhonson Valdéz, José Antonio
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2026
• Institución: Universidad Privada Antenor Orrego
• Repositorio: UPAO-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upao.edu.pe:20.500.12759/109272
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12759/109272
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Vigilancia Electronica Personal; Minima Culpabilidad; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La presente investigación tuvo como propósito analizar las implicancias jurídicas y sociales derivadas del escaso uso de esta medida alternativa en el sistema penal peruano. El estudio parte de la constatación de un contexto penitenciario marcado por el hacinamiento, la reincidencia y la deshumanización del castigo, frente a lo cual la vigilancia electrónica personal se plantea como una herramienta eficaz para materializar los principios de proporcionalidad, dignidad y resocialización del condenado. El trabajo se sustenta en un enfoque cualitativo, utilizando métodos descriptivos, deductivos, sistémicos y axiológicos, además de entrevistas a especialistas en Derecho Penal y Procesal Penal. Se analizaron las principales normas nacionales —como la Ley N.º 29499, el Decreto Legislativo N.º 1322 y la Ley N.º 32257—, así como los estándares internacionales establecidos por las Reglas Mandela y las Reglas de Tokio. Los resultados evidencian que la inaplicabilidad de la vigilancia electrónica personal vulnera los principios de mínima culpabilidad y humanidad de las penas, al mantener un sistema punitivo desproporcionado y carente de eficacia resocializadora. Se concluyó que la falta de implementación efectiva de esta medida responde a deficiencias institucionales, falta de capacitación de los operadores jurídicos y ausencia de una política criminal coherente. Se recomienda, por tanto, fortalecer su aplicación normativa, consolidar la coordinación interinstitucional y promover una justicia penal racional, moderna y humanizada, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.