Análisis jurídico del proceso de formalización de productores mineros artesanales en concesiones de terceros: Posco Misky y ASPPMACSU 2012 - 2015

• Autor: Soncco Carsales, Felipe Bernardino
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:UNSA/9018
• Enlace del recurso: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9018
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Formalización; Artesanal; Minería; Concesión; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el presente trabajo de investigación, se analiza uno de los seis pasos de la formalización minera, la acreditación de contrato de cesión o explotación en el periodo 2012-2015, por los Mineros Informales Artesanales de Posco Misky y ASPPMACSU (Secocha), quienes trabajan en la concesión de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. El proceso de formalización minera inicia con gran expectativa en el año 2012, pero a finales de 2014, al no tener resultados en la formalización, se prorrogan los plazos hasta 2016, de ahí a 2020, esta última crea incentivos y la simplificación administrativa; pero, no se trata de ampliar el plazo, el problema está en acreditar el contrato de cesión o explotación ante la Dirección Regional de Minería, esto no es posible, porque la obtención de algún contrato de cesión o explotación por parte de los mineros informales depende de la voluntad del titular de la concesión minera, quien no tiene intenciones o pretende elevada pretensión económica. Por eso surge la necesidad de modificar la Ley General de Minería, es decir, reducir los plazos de caducidad en el régimen de Pequeños Productores Mineros (PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA), para que estas concesiones caducos se reviertan al Estado y se conceda por derecho de preferencia a los mineros en proceso de formalización, esto considerando, que el título de concesión minera sólo otorga el derecho de explorar y explotar mas no en propiedad, bajo esta premisa ponderar entre el derecho individual y derecho colectivo, ya que la actividad minera es de utilidad pública. Se debe evitar que los titulares de las concesiones mineras ociosas se pasen pagando el derecho de vigencia y penalidad por treinta años.