Poder y Organización comunal

• Autor: Meza Salcedo, Américo
• Formato: libro
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional del Centro del Perú
• Repositorio: UNCP - Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uncp.edu.pe:20.500.12894/6997
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12894/6997
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Poder; Organización comunal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01

En junio del año 1969, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria, con el Decreto Ley 17716. Esta normatividad abolió el sistema latifundista, una práctica de poder y gobierno que violentó contra el derecho de las comunidades del acceso a las tierras y su aprovechamiento. Antes de este periodo los campesinos convivían con una dominación gamonal que accedían y concentraban propiedades de manera ilegal. En efecto, los litigios que movilizaban los campesinos para recuperar sus tierras concluían en favor de los hacendados, creando una animadversión de los comuneros hacia el sistema de justicia. Esta acción fue incubando un movimiento de defensa de las tierras, que concluyó en la recuperación de tierras en el contexto de la reforma agraria. La reforma agraria trajo consigo en la sierra central, en particular en las comunidades de Pasco la distribución de tierras a comuneros y sus familias. En Ticlacayán, el gobierno comunal se fortalece y moviliza a los comuneros para beneficiarse con el acceso a las tierras, de esta manera incidir en la producción ganadera y agrícola. La carta magna de 1979, así como el vigente del año 1993, reafirman el derecho de propiedad, incidiendo su inviolabilidad. Estableciéndose, que no se puede privar del acceso a la propiedad conforme a la ley. En el año 1991, durante el gobierno de Fujimori, se promulgó dos normas que marcaron el inicio de las políticas bajo la perspectiva neoliberal. El Reglamento de la Ley N° 26505, referida a la inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, alienta a la inversión privada en obras de irrigación. La segunda es el D.L. N° 653, ley de promoción de las inversiones en el Sector Agrario. Dicha norma autoriza a las sociedades anónimas a ser propietarias de tierras, declarando las tierras eriazas propiedad del Estado, asimismo estableció el retorno de las tierras abandonadas al Estado.