El derecho a la defensa en los delitos de tráfico de influencias, en el proceso penal

• Autor: Anchante Romero, Ronald Gerardo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Peruana de Las Américas
• Repositorio: ULASAMERICAS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:192.168.10.17:upa/1821
• Enlace del recurso: http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1821
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Trafico de influencias; Corrupción; Administración pública; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente trabajo de investigación consistió en la determinación de la incidencia del delito de tráfico de influencias, en los diferentes casos judiciales, en la vulneración de los derechos fundamentales de la igualdad y derecho a la defensa, quedando de manifiesto que las actividades que emergen de este delito alcanzan a incidir, tratándose de influencias reales, en las decisiones de la autoridad o funcionario competente para conocer un caso y que propicia el desarrollo de otras actividades de procedencia ilegal dentro del desarrollo de los procesos o en la etapa decisoria con el respectivo fallo. Producto de la investigación se pudo evidenciar que el delito de tráfico de influencias tiene diferente configuración en distintas legislaciones penales de países con base en lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual se ha tomado como referencia los tipos penales para los delitos de corrupción, sin embargo, analizando la coyuntura del caso, nos damos con la sorpresa que aun los elementos conformantes de este delito, para un amplio ámbito de aplicación, se encuentra lejos aún de alcanzar aquella lucha que permita ganar la batalla de este fenómeno de Corrupción. De esta manera podemos entender que los efectos de este delito no solo afectan a determinadas personas, sino a toda una colectividad, por esta razón se nos hace de prioridad luchar para alcanzar su extinción pues atenta contra la democracia y la buena fe del deber de los funcionarios públicos que cumplen un rol fundamental encomendada por la constitución que consiste en el cabal cumplimiento de las normas y como sustento de un estado de derecho.