La aplicación del principio de proporcionalidad como garantía constitucional en la posesión no punible de drogas en Lima, 2025

• Autor: Zamora Salvador, Beatriz Yesela
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
• Repositorio: ULADECH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/42208
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13032/42208
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Drogas; Estupefacientes; Posesión; Punible; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación analiza la aplicación del artículo 299 del Código Penal Peruano sobre posesión no punible de drogas para consumo personal, evaluando su cumplimiento con el principio de proporcionalidad constitucional y sus tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El objetivo general fue determinar si dicha aplicación respeta este principio; los objetivos específicos evaluaron la idoneidad de criterios cuantitativos, la consideración de finalidad y contexto, y las consecuencias jurídicas aplicadas. La metodología fue cuantitativa, tipo básica, nivel descriptivo-exploratorio, diseño no experimental transversal, aplicando encuestas Likert a sesenta operadores jurídicos de Lima durante 2025, con análisis estadístico descriptivo. Los resultados revelan que el ochenta y seis punto siete por ciento percibe cumplimiento solo parcial del principio, con valoración global de tres punto doce sobre cinco. La idoneidad obtuvo media de dos punto setenta y seis, con noventa y uno punto seis por ciento cuestionando criterios cuantitativos. La necesidad alcanzó tres punto sesenta y cuatro, reconociendo el setenta y cinco por ciento medidas alternativas menos lesivas, aunque solo el cuarenta por ciento señala consideración práctica de finalidad. La proporcionalidad en sentido estricto obtuvo dos punto noventa y cuatro, identificando el ochenta y ocho punto tres por ciento deficiencias en equilibrio entre beneficios públicos y restricciones de derechos. Se concluye que la aplicación actual no respeta plenamente el principio constitucional, evidenciándose deficiencias estructurales en idoneidad normativa y ponderación de derechos fundamentales, siendo relevante para fundamentar reformas legislativas y políticas de capacitación judicial.