Análisis del procedimiento administrativo sancionador según Resolución N.º 0005-2024- CG/TSRA-SALA 2, sobre inhabilitación para ejercer la función pública; Municipalidad Provincial de Paita, 2024

• Autor: Nolasco Reforme, Jose Alejandro
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
• Repositorio: ULADECH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/40601
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13032/40601
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Principio de Legalidad; Procedimiento Administrativo Sancionador, Responsabilidad Administrativa Funcional; Tribunal Superior de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación, fue determinar si la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República por responsabilidad administrativa funcional de los servidores y funcionarios públicos, está adecuadamente aplicada al momento de sancionar al administrado. Asimismo, se ha logrado identificar los tipos de conductas infractoras administrativas establecidas por la Contraloría, cuya sanción conlleva a la inhabilitación para ejercer función pública al servidor público y funcionario público durante el periodo de un año hasta cinco años como sanción máxima por haber incurrido en la comisión de conductas infractoras graves o muy graves, por contravención del ordenamiento jurídico administrativo. Es una investigación, de naturaleza descriptiva, porque la meta es la descripción de los fenómenos, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan en la realidad. En el presente trabajo, el fenómeno objeto de estudio fue el análisis de la Potestad Administrativa Sancionadora y la inhabilitación para ejercer cargo público, y determinar en este Procedimiento, el rol importante que juega el órgano del Tribunal Superior de Procedimientos Administrativos de la Contraloría, Los resultados obtenidos, indican que la indebida aplicación de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República al sancionar, podría vulnera el derecho al trabajo garantizada en la Constitución Política del Perú. La conclusión, es que esta investigación cumplió con el objetivo general establecido.