La proscripción de la terminación anticipada en delitos de tocamientos indebidos a menores en Lima Norte, 2025

Descripción del Articulo

El presente estudio se enmarca en los lineamientos de la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 16, que promueve la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones, al abordar críticamente el acceso equitativo al sistema judicial peruano. El objetivo general fue anal...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Sialer Gallo, Astrid Elsa Carolina
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/170201
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/170201
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Justicia
Derecho penal
Abuso de menores
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Descripción
Sumario:El presente estudio se enmarca en los lineamientos de la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 16, que promueve la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones, al abordar críticamente el acceso equitativo al sistema judicial peruano. El objetivo general fue analizar cómo es la prohibición de la terminación anticipada en los delitos de tocamientos indebidos a menores en el distrito judicial de Lima Norte durante el año 2025. Se empleó una metodología cualitativa de tipo básica y diseño fenomenológico, basada en entrevistas semiestructuradas a operadores del proceso judicial, analizadas con el software Atlas.ti mediante codificación temática. Los hallazgos evidencian que el marco normativo vigente, especialmente el Decreto Legislativo N.º 1194, ha instaurado barreras automáticas que afectan las garantías procesales y el derecho penal de defensa, generando una exclusión de beneficios premiales. Se identificaron cinco dimensiones centrales: restricciones normativas, limitación al descuento premial, supresión de la discrecionalidad judicial, trato diferenciado y desigualdad sustancial. Estas prácticas, propias de una política judicial excluyente, vulneran principios como la igualdad ante la ley, la proporcionalidad (derecho) y el debido proceso, comprometiendo los derechos humanos del imputado en contextos de alta sensibilidad social.
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