Delito de tocamientos indebidos y la Cámara Gesell como actividad probatoria privilegiada, Lima Norte 2025

• Autor: Diaz Cerda, Angie Leslie
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/172005
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/172005
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derechos humanos; Abuso de menores; Violencia sexual; Psicología; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

La presente investigación aborda el impacto del uso de la Cámara Gesell como medio probatorio privilegiado en procesos penales por el delito de tocamientos indebidos contra menores, centrándose en Lima Norte durante el año 2025. El sistema judicial enfrenta el desafío de proteger los derechos fundamentales de las víctimas, especialmente cuando estas son niñas o niños que han sufrido agresiones contra su integridad sexual. En ese marco, la declaración de la víctima adquiere un rol central, aunque también conlleva el riesgo de revictimización. La Cámara Gesell surge como una herramienta forense diseñada para evitar este perjuicio, al permitir que las declaraciones se tomen en un entorno especializado, garantizando condiciones emocionales y psicológicas adecuadas. A nivel comparado, países como Argentina y departamentos como Piura en Perú han mostrado controversias respecto al valor exclusivo de este medio en la decisión judicial, lo que pone en debate su suficiencia probatoria. En Lima Norte, también se han identificado casos en los que se le ha otorgado un peso decisivo, siendo necesario analizar los criterios jurídicos y la valoración de jueces y fiscales. El estudio, de enfoque cualitativo, explora estas percepciones mediante entrevistas a operadores del sistema penal. Los resultados buscan aportar a una comprensión más sólida sobre la utilidad de esta técnica, su respaldo normativo y su aplicación práctica. Asimismo, pretenden contribuir al desarrollo de políticas judiciales que garanticen el equilibrio entre la protección de la víctima y el respeto al debido proceso.