La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N°1605 con relación a las funciones constitucionales del Ministerio Público, Perú - 2024

Descripción del Articulo

La investigación tuvo como objetivo general, analizar si es inconstitucional el Decreto Legislativo N° 1605 con relación a las funciones constitucionales del Ministerio Público del Perú – 2024. La investigación mantuvo un enfoque cualitativo, de tipo básico, nivel descriptivo y diseño de teoría fund...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Vilchez Ancajima, Greyssi Anallely
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/160358
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/160358
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Decreto legislativo
Funciones constitucionales
Ministerio público
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:La investigación tuvo como objetivo general, analizar si es inconstitucional el Decreto Legislativo N° 1605 con relación a las funciones constitucionales del Ministerio Público del Perú – 2024. La investigación mantuvo un enfoque cualitativo, de tipo básico, nivel descriptivo y diseño de teoría fundamentada. Para la obtención de los datos, se empleó la técnica de entrevista, a través del instrumento guía de entrevista, siendo validado por tres expertos formulando 10 interrogantes para cada uno, aplicándose sobre diez (10) asistentes en función fiscal, seis (06) abogados especialistas en derecho penal, y cinco (05) fiscales. De los resultados obtenidos se pudo concluir que, la aplicación del decreto legislativo N° 1605 es inconstitucional en torno a las funciones que tiene el Ministerio Público, debido a que se ha otorgado funciones a la Policía Nacional sin tomar en cuenta lo establecido en la Constitución Política, generando una superposición de roles entre la PNP y el Ministerio Público, enfrentamiento entre instituciones, desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia y vulneración a derechos fundamentales de las partes procesales al no direccionarse la investigación en mérito al principio de legalidad o primacía de la ley.
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