Vulneración al derecho de defensa en la incoación del proceso inmediato

• Autor: Montes León, Mario Enrique
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Andina del Cusco
• Repositorio: UAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uandina.edu.pe:20.500.12557/4564
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12557/4564
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Principio de oportunidad; Proceso inmediato; Delincuencia; Acusado; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo de investigación jurídica, tiene por finalidad saber más alcances si la incoación del proceso inmediato, vulnera al derecho de defensa siendo este un proceso especial que se encuentra reglamentado en la sección primera del libro V del Código Procesal Penal de 2004 (CPP.), a razón de que el 30 de agosto de 2015 fue publicado en el diario oficial el Peruano el Decreto Legislativo N° 1194, el cual entro en vigencia el 29 de noviembre del 2015 norma que faculta legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, delegando el Congreso de la Republica al Poder Ejecutivo mediante Ley 30336 el 1 de julio de 2015, bajo el Decreto Legislativo aludido regula el proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva, modificando los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal vigente. El citado Decreto Legislativo 1194 vigente, estableció nuevas reglas para su tramitación, ante ello se presentaron diversos cuestionamientos por parte de la dogmática nacional respecto a los supuestos de aplicación del proceso inmediato, y como una forma de contribuir a aclarar las dudas generadas en torno al Proceso inmediato y su afectación al Derechos de Defensa, ya que establece plazos perentorios y procedimientos simplificados. Y en razón a la modificatoria sufrida de nuestro Nuevo Código Procesal Penal del 2004, (NCPP). En el presente trabajo de investigación, se analizó cuáles son las causas que afectan o limitan el ejercicio del derecho de defensa sobre el plazo razonable en la incoación en el proceso inmediato por parte de la fiscalía, ya que el derecho de defensa es una garantía constitucional que comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal, no se puede dejar en un estado de indefensión al imputado al no contar con elementos de prueba, como es el caso que se ocupa en la vulneración al derecho de defensa en la incoación del proceso inmediato.