El proceso especial de terminación anticipada y sus fundamentos jurídicos para su aplicación en la etapa intermedia del proceso penal peruano vigente

• Autor: Alvarez Rios, Melissa Mindy
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2017
• Institución: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
• Repositorio: UNASAM-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:172.16.0.151:UNASAM/1909
• Enlace del recurso: http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1909
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Beneficio premial; Criterio de oportunidad; Etapa intermedia; Principios de celeridad; Principio de economía procesal; Proceso especial; Terminación anticipada

La investigación tuvo como finalidad precisar los fundamentos jurídicos para lograr la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal peruano vigente. Investigación en la que se utilizó el método dogmático. Para lo cual se ha procedido con analizar las posturas que se encuentran a favor o en contra de su aplicación, a nivel nacional y extranjera de doctrina y jurisprudencia. Las mismas que ha reflejado, que el desarrollo de la terminación anticipada no ha sido homogéneo, ello en virtud a los diferentes criterios encontrados y la mala práctica de la norma penal. Sin embargo, dichas soluciones ha podido permitir que por medio de la presente investigación, se logre encontrar una nueva propuesta para su aplicación. La cual conllevaría a beneficiar tanto al procesado, quien busca obtener el derecho premial, que consiste en una reducción de la pena a una sexta parte, así como el culminar con el proceso sin la necesidad de llegar al juicio oral, en la que se acogerá a una conclusión anticipada, la misma que transgrede a los principios de celeridad y economía procesal. Asimismo, dicho beneficio recaería también en la victima, la cual lograría con la aplicación de este mecanismo de negociación procesal en la segunda etapa del proceso, encontrar legitimada su pretensión indemnizatoria, en un tiempo y costo menor al que hallaría al esperar el juicio oral. Finalmente, el Estado encontraría por intermedio de la administración de justicia un alivio en la carga procesal; que sin duda se reduciría, avocándose en procesos de mayor complejidad. Aunado a ello que el Representante del Ministerio Público, también conseguiría disminuir la cantidad de audiencias por juicio oral que ya se conocía su final, dedicando su labor aún más a las investigaciones y audiencias a su cargo. Motivando así, un análisis más profundo del tema, además de plantear nuevas posturas que nutran a la doctrina y jurisprudencia.