La prohibición de la pena suspendida en los delitos de corrupción de funcionarios y su afectación de garantías constitucionales en el ordenamiento jurídico peruano

• Autor: Errivares Laureano, Rodil Meliton
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2016
• Institución: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
• Repositorio: UNASAM-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:172.16.0.151:UNASAM/2581
• Enlace del recurso: http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2581
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Pena suspendida; Delito; Corrupción de funcionarios; Garantías constitucionales; Separación de poderes; Legislación penal

La finalidad del presente trabajo de investigación fue identificar y analizar las garantías constitucionales que son afectadas por la prohibición de la pena suspendida en los Delitos de Corrupción de Funcionarios en el ordenamiento jurídico peruano y proponer la derogación de dicha figura; para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica- y por su naturaleza fue cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de contenido y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la hipótesis. Los resultados de la encuesta nos muestra que el 80% de los encuestados manifiestan que si existen argumentos jurídicos para justificar la derogación de la Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, y el 20 % señalan todo lo contrario; concluyendo que con la dación de la Ley Nº 30304, Ley que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, los jueces ya no realizan una valoración individual y motivada mediante la cual determina si, para el caso en concreto, el sujeto necesita y/o merece una pena privativa de la libertad; tomando como base las características que señala el artículo 57º del Código Penal (naturaleza o modalidad del hecho punible, comportamiento procesal del sujeto y personalidad del agente), por lo que se restringe a los jueces la potestad de administrar justicia y de esta forma vulnera los principios constitucionales de autonomía, separación de poderes e igualdad