La constitucionalidad de los procedimientos disciplinarios en el Instituto Nacional del Niño San Borja, 2023-2024

• Autor: Pajuelo Flores, Jorge Willy
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal
• Repositorio: UNFV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/11843
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13084/11843
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Procesos jurídicos y resolución de conflictos; Procedimientos disciplinarios; Derechos laborales; Debido proceso; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El objetivo principal de este estudio consiste en determinar la relación entre la constitucionalidad y los procedimientos disciplinarios en el Instituto Nacional del Niño San Borja durante el período 2023-2024, con la finalidad de garantizar que dichos procesos respeten los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política del Perú. La metodología aplicada se enmarca en un enfoque cuantitativo, empleando encuestas estructuradas para recolectar información de los participantes involucrados en los procedimientos disciplinarios, a fin de evaluar su percepción sobre la legalidad y equidad de estos procesos. La población estuvo conformada por 120 personas, mientras que la muestra calculada alcanzó a 92 individuos. Los resultados revelaron que un 49 % de los encuestados manifestó que los procedimientos disciplinarios siempre respetan los derechos fundamentales, un 34 % señaló que casi siempre, y un 17 % indicó que nunca. La mayoría expresó preocupación por la insuficiente información y transparencia durante los procesos, así como por deficiencias en la comunicación entre profesionales de la salud, personal administrativo y pacientes, lo que genera desconfianza en el sistema. En conclusión, se identificó que, aunque los procedimientos disciplinarios se ajustan en su mayoría a las normas constitucionales, existen áreas críticas que requieren mejoras, especialmente en la capacitación del personal, la claridad de los procedimientos y la garantía de los derechos procesales. Asimismo, se recomienda revisar y actualizar los protocolos para reforzar la protección de los derechos fundamentales de los pacientes y sus familias.