Exclusión de la prueba prohibida en el proceso penal

• Autor: Sánchez Sierra Sánchez, Marcelo Oscar
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal
• Repositorio: UNFV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/11763
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13084/11763
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Procesos jurídicos y resolución de conflictos; Proceso penal; Debido proceso; Exclusión probatoria; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

Objetivo: Analizar la exclusión de la prueba prohibida en el proceso penal peruano como garantía esencial para la protección de los derechos fundamentales y la vigencia del debido proceso. El estudio busca determinar cómo la incorporación de pruebas obtenidas vulnerando derechos constitucionales afecta la legitimidad judicial y la confianza en el sistema de justicia. Método: Se emplea un enfoque cualitativo y dogmático-jurídico, basado en el análisis de sentencias relevantes, la comparación normativa y la revisión de doctrina nacional e internacional. Esta estrategia permite identificar criterios aplicados por los órganos jurisdiccionales y evaluar su coherencia con los estándares constitucionales y de derechos humanos. Resultados: Se advierten tensiones interpretativas entre distintas instancias judiciales respecto a los alcances de la regla de exclusión, así como vacíos normativos que generan decisiones dispares y riesgos de inseguridad jurídica. El análisis evidencia inconsistencias en la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, especialmente en casos donde se pondera la eficacia investigativa frente a la protección de derechos fundamentales. Conclusiones: La exclusión de la prueba prohibida constituye un pilar indispensable para asegurar la integridad del proceso penal y la legitimidad de las decisiones judiciales. Se propone la necesidad de establecer parámetros normativos claros y uniformes que orienten la actuación fiscal y judicial, armonizando la tutela de los derechos fundamentales con la eficacia en la investigación y persecución del delito. Asimismo, se destaca la importancia de fortalecer la formación judicial en estándares probatorios constitucionales actualizados.