Los actos de función administrativa pública como elemento típico del delito de negociación incompatible

• Autor: Rodríguez Ojeda, Andrés Fernando
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional Federico Villarreal
• Repositorio: UNFV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/10063
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13084/10063
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Procesos jurídicos y resolución de conflictos; Conducta típica; Interés legítimo; Peligro abstracto; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El delito de negociación incompatible suscita en la actualidad diversas interrogantes sobre su naturaleza jurídica, incertidumbre que se agudiza ante las diversas posturas divergentes que ofrece la jurisprudencia penal generando mayor inseguridad en la comunidad jurídica. Tratándose de un tipo penal que frecuentemente actúa como una forma subsidiaria de pacto colusorio, promovimos una investigación cuyo objetivo general era determinar de qué manera los actos de función pública administrativa son considerados como elemento típico de la negociación incompatible, para ello se empleó la metodología tipo básica no experimental, de corte transversal, intervalo explicativo con enfoque cuantitativo. El universo de estudio se conformó por 148 abogados con especialización en Derecho Penal: 6 fiscales del Ministerio Público, 6 magistrados de la Corte Superior del distrito judicial de Lima y 123 abogados litigantes, sometidos a un cuestionario cuyos resultados fueron procesados mediante la estadística descriptiva e inferencial, habiéndose determinado a un valor de confiabilidad del 95% una conexión relevante entre las variables de la investigación; concluyendo, que los actos de función pública administrativa son considerados como elemento típico del delito de negociación incompatible. La descripción del injusto penal no sanciona una conducta especifica, de modo que la transgresión de las responsabilidades del cargo que rigen al servidor público, presupone la existencia de un interés particular que genera o posibilita amenaza para el interés legítimo, postura que comparte el 72,97% de la muestra que entiende que el agente que incumple una función del cargo perjudica el funcionamiento eficiente de la institución pública.