Informe jurídico sobre Casación Laboral Nº 7358-2013-CUSCO

• Autor: Vargas Piñas, Camila Isabel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204411
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204411
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho procesal laboral--Jurisprudencia--Perú; Contratos de trabajo--Jurisprudencia--Perú; Despido de empleados--Jurisprudencia--Perú; Debido proceso--Jurisprudencia--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico analiza la Casación Laboral N° 7358-2013-Cusco, que estableció un criterio controvertido sobre la tramitación de demandas de reposición fundamentadas en desnaturalización contractual mediante el proceso abreviado laboral. El caso involucra a Magda Patricia Huamán Rivas, trabajadora del Poder Judicial contratada mediante contratos de servicio específico entre 2004-2011, quien demandó su reposición alegando que sus contratos temporales se habían desnaturalizado por realizar funciones permanentes como Asistente Judicial. La Corte Suprema, por mayoría, validó que la desnaturalización contractual puede analizarse en vía abreviada al considerarla un hecho jurídico integrante de la causa petendi y no una pretensión autónoma. Sin embargo, el análisis crítico desarrollado demuestra que este criterio vulnera principios procesales fundamentales como el debido proceso, la legalidad procesal y el derecho de defensa. La investigación emplea instrumentos normativos como la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497), el Decreto Supremo N° 003-97-TR, y jurisprudencia constitucional relevante. Se concluye que la determinación de modalidad contractual por desnaturalización requiere análisis probatorio complejo incompatible con la sumariedad del proceso abreviado, debiendo tramitarse por la vía ordinaria laboral para garantizar tutela jurisdiccional efectiva y respeto pleno a las garantías procesales constitucionales.