Políticas públicas, familias y reunificación en el contexto de la migración venezolana al Perú

• Autor: Huaita Alegre, Marcela
• Formato: capítulo de libro
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/182867
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14657/182867; https://doi.org/10.18800/978-612-317-718-8.005
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Migración venezolana; Reunificación familiar; Familias migrantes; Política migratoria; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01

Este capítulo caracteriza desde una perspectiva de género a las familias de los y las jóvenes venezolanas que participaron del estudio, y su posible necesidad de reunificación (parejas, hijos, hijas, madres, padres, etc.). Para ello, la autora revisa la definición de familia como un fenómeno dinámico cuyas formas de organización son diversas y se encuentran al amparo del marco político normativo. De acuerdo con la Constitución peruana de 1993, el Estado protege a la familia y, por tanto, las políticas y el marco normativo deben responder a las necesidades de los diversos tipos de familia. De esta misma forma lo comprende el Tribunal Constitucional (TC) peruano, el mismo que en sendas resoluciones reconoce que los cambios sociales y jurídicos han generado que la estructura familiar tradicional (nuclear) deje de ser el statu quo y, por tanto, que todos los distintos tipos de estructuras familiares que coexisten en la sociedad merecen la protección estatal. Sin embargo, es necesario contrastar los parámetros establecidos en la normatividad relativa a la «reunificación familiar», enmarcada en un sentido restringido de la familia, es decir, aquella basada en un vínculo matrimonial, filiación y convivencia (uniones de hecho estrictas), para ver cuánto concuerda con la composición familiar de la población migrante y refugiada. Teniendo esto presente el objetivo final del capítulo es identificar posibles desajustes en la normatividad, que sirvan como oportunidad de cuestionar sus márgenes de protección, a la luz de una interpretación más amplia y atendiendo a lo establecido por el TC.