Informe jurídico sobre la Resolución N°. 0430-2025-SUNARP-TR

• Autor: Giraldo Figueroa, Harol Gustavo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204614
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204614
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Perú); Derecho registral--Jurisprudencia--Perú--Ancash (Casma : Provincia); Tribunales administrativos--Perú; Derecho administrativo--Jurisprudencia--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el marco regulatorio del Derecho Administrativo, existe una figura que ha sido extendida en sede registral desde hace más de una década: la inhibitoria administrativa. Esta figura busca evitar algún potencial conflicto de competencias a raíz de respuestas discordantes tanto por un órgano administrativo como judicial. Mediante el presente Informe Jurídico, se analiza la Resolución N°. 0430-2025- SUNARP-TR, a partir del cual se formula inhibitoria administrativa registral tras una solicitud de inhibición presentada por un particular al Registro. Asimismo, se analiza la decisión de la existencia de la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos entre el procedimiento registral y el proceso judicial, la misma que conllevó a paralizar la función registral. En el presente Informe pretendemos cuestionar y establecer que la inhibitoria administrativa registral es contraria a la naturaleza especial y no contenciosa del procedimiento registral, puesto que no solo vulnera diversos principios elementales del sistema registral, sino que además paraliza la función registral por el simple conocimiento extra registral de un litigio. Para ello, se abordarán los contornos conceptuales de la inhibición, la naturaleza del procedimiento registral y las implicancias en el marco regulatorio procesal actual. Ello con un claro objetivo: sostener que la inhibitoria administrativa no debe ser pasible de extensión en sede registral.