Informe jurídico sobre el Recurso de Nulidad Nº350-2021/Lima Sur

• Autor: Vera Romero, Maria Claudia
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204479
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204479
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Perú. Corte Suprema de Justicia--Jurisprudencia; Nulidad (Derecho)--Jurisprudencia--Perú; Violencia contra la mujer--Legislación--Perú; Lesiones (Derecho penal)--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El presente informe analiza el Recurso de Nulidad N°350-2021/Lima Sur, mediante el cual la Corte Suprema revoca la decisión de la Sala Penal que condenó al acusado por lesiones graves por violencia contra la mujer, reformulándola por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En ese sentido, el problema principal abordado es si la resolución de la Corte Suprema cumple con los principios de corrección, transparencia, rendición de cuentas y eficacia del Buen Gobierno. Para ello, se abordan tres problemas jurídicos. Primero, se analiza si los hechos suscitados corresponden ser calificados como tentativa de feminicidio y no como lesiones graves por violencia contra la mujer. Segundo, se desarrolla el feminicidio tentado como una de las manifestaciones más extremas de violencia de género, así como la obligación de los jueces y juezas de aplicar el enfoque de género para la resolución de casos. Por último, se examina si la sentencia de la Corte Suprema contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y, así, al cumplimiento de los principios del Buen Gobierno. A partir del análisis, se concluye que la decisión de la Corte Suprema corrige adecuadamente la tipificación del delito, realizando una debida valoración probatoria con enfoque de género y representando un ejemplo de gobernanza judicial sustantiva. Por tanto, el presente recurso no solo cumplirá una función reparadora, sino también una función institucional, dejando sentado un precedente importante que refuerza los estándares constitucionales en el tratamiento de los casos de violencia de género.