Informe jurídico sobre la Sentencia de Casación N.° 178-2022/Loreto

• Autor: Velásquez Infantes, Milagritos Georgina
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204596
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204596
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Perú. Corte Suprema de Justicia--Jurisprudencia; Derecho penal--Jurisprudencia--Perú--Loreto; Derecho procesal penal--Perú; Recurso de casación--Jurisprudencia--Perú--Loreto; Administración pública--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar la Sentencia de Casación N.° 178-2022/Loreto, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, el principal problema jurídico identificado consiste en determinar si la Corte Suprema realizó un análisis jurídico correcto para atribuir responsabilidad penal a Yván Enrique Vásquez Valera –como autor– y a Edwin León Valverde Alcóser –como cómplice primario– por el delito de colusión agravada, así como para fijar la reparación civil correspondiente. Para abordar adecuadamente el problema jurídico planteado, recurro al análisis de diversos instrumentos normativos, como el Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal, la Ley de Contrataciones del Estado, entre otros. Este marco normativo se complementa con la referencia a los aportes de diferentes autores de la dogmática penal nacional e internacional. Asimismo, incluyo el análisis de acuerdos plenarios, así como de diversos pronunciamientos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los cuales ofrecen criterios interpretativos importantes para la resolución del caso. Tras el análisis efectuado, concluyo que la Sala Penal Permanente erró al calificar la conducta de Yván Enrique Vásquez Valera como una omisión impropia, pues del expediente se advierten indicios que permiten inferir su participación activa en la comisión del delito. Asimismo, considero que el monto total pagado por las motochatas debe ser reconocido como un daño patrimonial indemnizable, ya que se trató de una adquisición injustificada –no presupuestada, ni orientada a una necesidad pública real–, lo que configura un perjuicio económico para el erario público.